PLENO DIPUTACIÓN
La Diputación da un millón a obras municipales y apoyo a refugiados
El gobierno lo toma del fondo de contingencia y el PSC lo califica de “saqueo”
La Diputación destinará un millón de euros a subvencionar obras municipales y a acciones de apoyo a los refugiados procedentes de Ucrania. El pleno acordó ayer una modificación del presupuesto con este fin, que toma 1.038.000 euros del fondo de contingencia de la corporación para dotar nuevas partidas. La mayor, de 700.000 euros, se destina a ayudas directas a entes locales para inversiones de carácter extraordinario.
Le siguen 250.000 euros para los consells comarcals, 50.000 para el Fons Català per a la Cooperació al Desenvolupament y 30.000 para la Paeria. La administración provincial ya anunció en marzo estas aportaciones para acciones que van desde asistir a las rutas de huída de los desplazados por la guerra hasta cubrir sus necesidades básicas.La modificación del presupuesto se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno de ERC y JxCat (que engloba a Junts y PDeCAT) y el apoyo de UA, mientras que el PSC votó en contra. Los socialistas cuestionaron que el fondo de contingencia, de 1,3 millones, se quede solo con 270.000.
Lo calificaron de “saqueo” y criticaron que gran parte del dinero sea para “obras a menudo pendientes desde 2021”. Las diputadas provinciales de ECP y Cs no asistieron a la sesión.
Medidas anticorrupción para optar a fondos de la UE
El pleno aprobó por unanimidad una declaración institucional de compromiso en la lucha contra el fraude y la corrupción.
Se trata de uno de los requisitos que la UE exige a los solicitantes de fondos Next Generation. La corporación tiene ya otgorgados 3,5 millones para el programa Naturalment Lleida, dedicado al desarrollo turístico de la provincia, y opta a 5,5 millones más para el impulso a pequeñas y medianas empresas (pymes) rurales y reducir riesgos de inundación. El presidente de la Diputación, Joan Talarn, afirmó que a la declaración aprobada ayer le seguirán medidas contra el fraude y la corrupción como la aplicación de procesos para evaluar posibles riesgos de conflicto de intereses y la creación de un buzón de denuncias anónimas, entre otras.
Por otra parte, el pleno aprobó incorporar 10 de las 11 alegaciones presentadas a las bases de ayudas para combatir la despoblación. El vicepresidente primero, Jordi Latorre (PDeCAT) se refirió a estas subvenciones serán “una respuesta institucional de primer orden” para hacer frente al declive demográfico de las zonas rurales.