Alfarràs municipaliza la gestión del agua de boca tras dos años de trámites

El ayuntamiento de Alfarràs recuperará este año la gestión del suministro de agua de boca, tras dos años de trámites y una consulta vecinal que avala la remunicipalización, según explicó el alcalde, Joan Carles Garcia. El consistorio relevará a Cassa, empresa encargada del servicio desde 2006, aunque el contrato finalizó en 2010. Desde entonces se ha ido prorrogando anualmente hasta ahora.

El juez desestimó en 2018 la denuncia presentada por esta firma contra el consistorio al que reclamaba más de 227.000 euros en concepto de indemnización por pérdidas económicas entre 2006 y 2017. Recuperar esta prestación ha sido uno de los ejes claves del actual equipo del gobierno con Garcia a la cabeza (JxCAT). Las deficiencias en el abastecimiento también fueron causa de crisis en el equipo municipal antecesor gobernado por el PSC, que se saldó con la dimisión de Emanuelle Samper, concejala en la nueva corporación.Las fugas y reventones en una red centenaria en muchos sectores ha hecho que las pérdidas de agua fueran de más del 50%.

Desde hace dos años, el ayuntamiento lleva ejecutando reparaciones por fases. Este mismo mes se ratificó el proyecto para renovar la red en una de las zonas donde está más estropeada y que corresponde a las calles La Palma, de Daly y del Mig y supondrá una inversión de más de 200.000 euros.Según el alcalde, el ayuntamiento cuenta con la aportación de 114.000 euros del Plan Único de Obras y Servicios de la Generalitat para arreglar la red de boca, mientras que otros 60.000 euros se destinarán a reconstruir el alcantarillado que también presenta muchas deficiencias ya que es de uralita y está en una de las áreas más antiguas de la población, explicó Garcia.

Tàrrega se suma a recuperar este año el servicio

La capital del Urgell es la última en sumarse a la recuperación del servicio en 2024, una medida ratificada por el pleno municipal. Torrefarrera y Alfés son pueblos que ya lo han remunicipalizado, mientras que Tremp y Bellpuig forma parte de un consorcio que lo tienen encomendado a una empresa publica. Almacelles también tiene esta misma intención aunque FCC-Aqualia ha recurrido ante el juez la rescisión del contrato al considerar que no se han respetado los plazos de notificación. La medida cuenta con el respaldo vecinal. Guissona también está inmersa en recursos por esta cuestión.