Prisión para un violador descubierto por el ADN a los 3 años del ataque

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia de Lleida a un hombre que en agosto de 2017 violó a una leridana en un piso del Barri Antic de la capital del Segrià. El tribunal ratifica la pena de prisión de cinco años para el procesado, que pudo ser imputado tres años después de los hechos cuando accedió a dar su ADN tras un arresto por robos. Su perfil genético coincidió con el semen que hallaron en el cuerpo y la ropa de la víctima, que no recordaba nada de lo sucedido.

En su sentencia, el TSJC señala que la víctima no tenía la capacidad de consentir mantener una relación sexual debido a la cantidad de alcohol y otras sustancias que había consumido, por lo que rechaza la versión del acusado, que señaló que la joven consintió el acto sexual. Durante el juicio, celebrado en marzo de 2021, la víctima declaró que “me desperté tirada en un colchón de un piso, medio desnuda, me habían robado el móvil y no recuerdo qué pasó porque esa noche salí de fiesta e iba bebida. Solo recuerdo ver a varios hombres sobre mí”.

El 26 de agosto de 2017 denunció la violación ante los Mossos d’Esquadra y no pudo ser hasta tres años después cuando los investigadores encontraron una coincidencia con los restos de ADN que hallaron en la víctima. En un principio, el acusado negó las relaciones, aunque durante el juicio las admitió para señalar que fueron consentidas. Según el TSJC, que la víctima no era capaz de consentir no solo se prueba por su declaración, sino también por los informes médicos y por el testimonio de una amiga que salió con ella de fiesta, que confirma que había consumido alcohol y otras sustancias.

En su resolución, el TSJC señala que la acusación “está demostrada más allá de toda duda razonable”, lo que basa en la prueba de ADN, y da plena credibilidad a la declaración de la víctima. Además de los cinco años de prisión, el TSJC confirma la orden de alejamiento con la víctima durante seis años y el pago de una indemnización de 6.000 euros. La Fiscalía pidió una pena de 7 años por un delito de abuso sexual, pero no por agresión al considerar que no hubo violencia.

Cabe recurso ante el Tribunal Supremo.