JUSTICIA REFORMA
El gobierno central prevé suprimir los 224 juzgados de paz de Lleida
La consellera Ciuró afirma que “vamos a plantar cara” para evitarlo || Los jueces de paz leridanos, que en 2020 llevaron a cabo 48.008 actuaciones, lo rechazan
Josep Maria de las Heras. Mollerussa
Un total de 224 municipios leridanos podrían quedarse sin sus juzgados de paz si se aprueba la ley orgánica de eficiencia organizativa del Servicio Público de Justicia que prepara el gobierno central, que prevé suprimir la figura de los jueces de paz. Es una reforma controvertida. La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, afirmó ayer en el Parlament que “plantaremos cara” y reivindicó el firme compromiso del departamento de defender esta figura.
Añadió que suprimiendo la figura de los jueces de paz “perderemos mucho” ya que “alejaremos la justicia de la ciudadanía, la encareceremos, haremos un triste servicio a la percepción de la justicia de proximidad en beneficio de los vecinos y aumentaremos la conflictividad en los juzgados”. Por eso reclamó a los grupos del Congreso que se opongan a la supresión y voten en contra del proyecto de ley que prevé eliminar estos organismos y sustituirlos por oficinas municipales de justicia. En el caso de Lleida, los 224 jueces de paz hicieron en 2020, último año del que se tienen datos, 48.008 actuaciones, 11.154 del ámbito civil, 8.924 del ámbito penal y 28.010 del Registro Civil.
Hubo 217 actos de conciliación y 197 juicios verbales. Inscribieron 3.006 nacimientos, 1.157 matrimonios y 1.887 defunciones. SEGRE habló ayer con tres jueces de paz de Ponent, que pusieron en valor la tarea que desempeñan.
El más veterano, Jaume Quer, que lleva 20 años en el cargo en Torrefeta i Florejacs, en la Segarra, afirmó que “es una figura necesaria”. El año pasado incluso lo mandaron a personarse en un desahucio. Comenta que “acudir al juez de paz en caso de ser necesario es, además, una costumbre arraigada en el territorio”.
Josep Maria de las Heras, juez de paz de Mollerussa, recordó que “en cinco años he oficiado 131 casamientos y cumplimos una función muy importante en el ámbito municipal”. Zoe Valero, de Agramunt, que lleva tres años y medio en el cargo, aseguró que “los juzgados de paz son útiles para agilizar mucho la justicia y no demorar los conflictos”.
