Obligan al CSIC a responder por la muerte de dos alpinistas en un alud en la Val d'Aran

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado que los dos guías de montaña de Vilaller y Chía (Ribagorza oscense) que fallecieron en marzo 2018 por un alud en una expedición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Val d’Aran fueron empleados por la agencia estatal pese a que no tenían contrato. En la sentencia, el TSJC desestima el recurso presentado por el CSIC contra el fallo de un juzgado de lo Social de Lleida que reconoció la relación laboral de los fallecidos con la agencia estatal, que alegaba que las víctimas trabajaban como guías de montaña y participaron en la expedición de forma voluntaria. El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC fueron arrastrados por un alud en la Vall de Conangles que les precipitó por una roca vertical de 90 metros de altura.

Murieron las guías Gaspar Giner y Unai Pérez y resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte (Guipúzcoa) contratado como técnico superior para el CSIC y vecino de Boí. Ambos fallecidos habían sido reclutados verbalmente por el director del proyecto.La sentencia del TSJC no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, se antoja como clave en la causa penal que hay abierta por el accidente en el juzgado de Instrucción 1 de Vielha.

De hecho, tanto la jueza como la Fiscalía estaban pendientes de este fallo, según informaron ayer fuentes judiciales. La jueza investiga a la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, y a otros dos cargos de la agencia estatal por la supuesta falta de medidas preventivas. Las familias Gaspar Giner y Unai Pérez se presentaron como acusación particular.

Menéndez declaró en mayo del año pasado como investigada y negó que tuviera cualquier responsabilidad directa con la expedición. En este sentido, recordó que tiene a su cargo a unos 11.000 trabajadores y que desconoce lo que se hace en todos los lugares donde el CSIC desarrolla sus actividades, según informaron las mismas fuentes caso de Aran. Añadió que eran los propios científicos y los técnicos territoriales los responsables de las medidas preventivas de sus proyectos.