La okupación ilegal de viviendas llega a las zonas rurales y pone en alerta a los alcaldes

La okupación ilegal de viviendas, un fenómeno más habitual en ciudades y núcleos urbanos, se ha extendido ya a las zonas rurales de Lleida lo que está generando preocupación entre los vecinos en términos de seguridad y de convivencia vecinal. La situación ha puesto también en vilo a alcaldes de pequeñas poblaciones y un ejemplo está en la Segarra, en el municipio de Torrefeta, en el que recientemente se ha okupado una vivienda. Torrefeta tiene 60 habitantes y como en la mayoría de los pequeños pueblos de la Segarra, la mayor parte de las casas son de segunda residencia o están cerradas.

El alcalde, Josep Maria Castellà, aseguró que los pueblos pequeños viven una situación difícil frente a las okupaciones ilegales. En otro núcleo del municipio de Torrefeta, La Morana, también hay casas okupadas. “Son personas que generan deudas importantes tanto a los propietarios como al ayuntamiento”, dijo.

En la Morana los okupas deben 600 euros del servicio de agua y “el trato con ellos es conflictivo y amenazador”. El primer edil ha enviado a través de Whatsapp a la docena de núcleos agregados un mensaje en el que pide a los titulares de las casas vacías que vigilen los edificios e incrementen las medidas de seguridad. “Una vez han okupada una vivienda es muy difícil conseguir que se vayan, debe hacerser a través del juzgado y es una situación que se prolonga durante meses en los que la convivencia puede ser tensa y con mucha preocupación”, apuntó.

En el caso de Torrefeta los vecinos se dieron cuenta de una okupación ilegal después de varios días, cuando se percataron de la llegada de paquetes postales de la compañía Amazon a una vivienda. Pocos días después se registró un incendio en la cocina de este inmueble que obligó la intervención de los bomberos. Esta misma semana un reventón en una de las tuberías de la vivienda inundó parte de la calle Tarroja.

Un incidente que alertó a los vecinos de la localidad y se vivieron situaciones “tensas” con la pareja que vive en la casa de manera irregular. La situación se agravó el pasado viernes cuando la pareja accedió a la casa vecina con intención de mudarse a ella. La intervención de los Mossos d’Esquadra, que se trasladaron hasta el lugar, evitó una nueva okupación en la misma calle tras más de dos horas de negociación con los “inquilinos”, diálogo entorpecido en diversas ocasiones por las protestas de los vecinos por la situación.

Más viviendas sociales en las zonas rurales con despoblación

La Generalitat ha modificado la ley de la Vivienda para movilizar todo tipo de casas vacías de zonas rurales para que entren en el mercado de viviendas sociales. Hasta ahora, una casa deshabitada en un pueblo en proceso de pérdida de población quedaba exenta de ser puesta en alquiler, mientras que la modificación permite que la administración pueda impulsar políticas de rehabilitación, gestionar el alquiler social de pisos cedidos o aplicar medidas fiscales para incentivar el alquiler, explicó Sebastià Mata, miembro de la Associació de Micropobles de Catalunya. “La demanda de pisos sociales en los pueblos también existe y ahora se puede forzar a incluir estas casas en el registro de viviendas sociales”.

Desde la Agència de l’Habitatge de Catalunya apuntaron que el objetivo es evitar la despoblación e incluso “acordar un alquiler forzoso sí se trata de zonas con una alta demanda residencial”, apuntaron.