Condenado por explotar a diez temporeros en una finca en Fraga

La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a un año de prisión a un empresario al admitir que explotaba en una finca en Fraga a inmigrantes irregulares que trabajaban como temporeros sin contrato ni estar dados de alta en la Seguridad Social y sin pagarles el sueldo. La Fiscalía solicitaba para el acusado una pena de cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de abuso de situación de necesidad e imposición de condiciones laborales que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos. Sin embargo, el Ministerio Público y la defensa llegaron a un acuerdo antes de la celebración del juicio, por lo que se rebajó la petición de pena a un año de prisión.

Esta condena queda suspendida durante un periodo de dos años si el acusado no vuelve a delinquir durante ese tiempo. En caso de incumplir esta condición, y no pagar la indemnización a las víctimas, se revocará la suspensión y se cumplirá la pena íntegra, advierte la Audiencia en su sentencia. Así, el condenado admite el delito que se le imputa al confesar que, durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, tenía trabajando en su finca a diez personas, de nacionalidad senegalesa y argelina, que se encontraban en situación irregular.

De hecho, según la sentencia, se aprovechaba de esta situación de necesidad “para hacer tareas de recolección sin procurarles ni comida ni bebida, sin haber ningún tipo de formación para las tareas que iban a llevar a cabo, sin hacerles contrato y en jornadas de hasta 10 horas” diarias. Tal y como indica la sentencia, el procesado ni tan siquiera abonó gran parte de las cantidades que debía a los temporeros por su trabajo. Por ello, además de la pena de un año de prisión, deberá indemnizarles a cada uno de ellos con una cantidad determinada por su trabajo.

Estas van desde los 200 euros hasta los 3.400 euros. En total, deberá abonar una indemnización de más de 17.800 euros. Cabe recordar que en febrero de 2020, la Guardia Civil desarticuló una organización criminal especializada en introducir en España, mediante engaño y abuso de superioridad, a personas del Este de Europa, principalmente de Rumanía y Bulgaria, con el fin de explotarlas laboralmente en provincias como Lleida, Castellón y Valencia. Los agentes consiguieron liberar a 21 víctimas y detuvieron a cinco personas.

Un caso aislado en la campaña de la fruta, con muchas inspecciones

Estas infracciones son casos aislados en la campaña de la fruta, por lo que el sector siempre ha defendido la necesidad de no criminalizar a todos los agricultores. De hecho, organizaciones agrarias, empresas, cooperativas, productores y municipios reivindican el buen trato que ofrecen a los temporeros.

Durante la campaña de la fruta, con mayor actividad en el campo, se llevan a cabo un numero importe de inspecciones que arrojan como resultado un bajo porcentaje de actas de infracción.