MUNICIPIOS VIVIENDAS
Les Borges emplaza al Govern a comprar pisos abandonados
Para destinarlos a viviendas sociales ante la ausencia de oferta || Reunión de vecinos para denunciar okupaciones ilegales
La alcaldesa de Les Borges Blanques, Núria Palau, y la edil de Bienestar Social, Ariadna Salla, se reunieron ayer por la tarde con responsables del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat para pedir que la administración autonómica compre decenas de inmuebles vacíos y los convierta en viviendas sociales. Las dos responsables municipales trasladaron ayer a la conselleria varios expedientes urbanísticos de pisos que fueron construidos hace más de 15 años, propiedad de distintas entidades bancarias e inmobiliarias. Uno de los expedientes es el de un bloque de más de medio centenar de pisos en la calle Font que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, quedó inacabado y posteriormente tapiado y abandonado.
Según fuentes municipales, la propietaria de este edificio es la Sareb, que en la actualidad es una de las propietarias de viviendas vacías más importantes de España. “El ayuntamiento no tiene capacidad económica para comprar este inmueble”, reconoció la alcaldesa, “y pedimos al Govern que adquiera los pisos para después buscar una fórmula de cesión y ofrecerlos como viviendas sociales”. Palau reconoció que la capital de les Garrigues no dispone prácticamente de oferta de este tipo.
La petición a la conselleria coincide con convocatoria de una reunión informativa el próximo día 27 por parte de los vecinos de las calles Font y Santiago Rusiñol para “denunciar las deficiencias en seguridad ciudadana” que aseguran sufrir desde hace más de una década. Alrededor de otra treintena de viviendas se han ido okupando de forma ilegal, “ocasionando todo tipo de actos incívicos que se han ido agravando con el paso del tiempo”, aseguraron. Entre ellos, destacan los ruidos de madrugada, los vertidos descontrolados de basura e incluso coacciones, agresiones, robos y tráfico de drogas.
En la reunión se darán a conocer acciones vecinales para solucionar el conflicto social y para exigir más intervención para frenar la okupación, alguna, con expedientes judiciales ya abiertos.