Alcaldes y consells se unen a los agricultores contra el veto estatal a las quemas agrícolas

Ayuntamientos y consells comarcals de Lleida se han unido a las quejas de los agricultores en contra de la nueva ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular (ley 7/2022), de 8 de abril, que veta la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. La nueva normativa del Gobierno recoge que únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos (como los de la poda) con carácter excepcional. Establece que los residuos vegetales agrarios deberán someterse a tratamiento biológico (para abono, por ejemplo) o bien aprovecharse como biomasa, como avanzó SEGRE.

Para los agricultores, esta normativa supone un incremento de costes “inasumible”, según el alcalde de Maials y presidente del Segrià, David Masot. Aseguró que la gestión de estos residuos comportará “más gastos” y avanzó que pedirán al departamento de Acción Climática “estudiar una posible moratoria o una modificación del decreto que permita seguir quemando restos agrícolas”, dijo. Asimismo, el presidente de la Noguera, Miquel Plensa, aseguró que los agricultores y entes comarcales no pueden gestionar tal volumen de restos, “es necesario modificar o cambiar la legislación”, dijo.

Afirmó que muchos particulares no tienen capacidad para reciclar este residuo. “Ello puede suponer saturar los contenedores urbanos que gestionan los consells”, dijo. La quema agrícola, principalmente de restos de poda, es una práctica habitual que hacen miles de agricultores en Catalunya, con más de 120.000 quemas al año desde mediados de octubre.

Su prohibición ya evita que los ayuntamientos concedan permisos e implicará dificultades en el campo, además de sobrecostes unos 30 euros por hectárea. La alternativa a la quema es el triturado, una labor para la que se necesita maquinaria específica que tiene un alto coste. Para el presidente del consell del Urgell y alcalde de Sant Martí de Riucorb, Gerard Balcells, “es un despropósito para la agricultura y denota desconocimiento porque con las quemas ya se hace economía circular y se evitan plagas y enfermedades”.

“Una planta de compostaje comarcal es imposible que gestione un gran volumen de leña por lo que intentaremos pararlo y presentaremos mociones para cambiar el decreto”. La consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, ijo en declaraciones a TV3 que es inviable aplicar esta normativa y que “se buscarán fórmulas para regular la actividad”.