Fiscalía pide un año de inhabilitación y multa para Meritxell Serret por organizar el 1-O

La Fiscalía Superior de Catalunya pide un año de inhabilitación y una multa de 12.000 euros para la exconsellera leridana Meritxell Serret por un presunto delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional por ayudar a la organización y celebración del referéndum del 1-O. En el escrito de acusación, aseguran que Serret, quien era consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación desde finales de enero de 2016, “plenamente consciente de la notoria ilegalidad de su proceder” intervino en algunas decisiones para garantizar la realización del referéndum. Serret se fue a vivir a Bélgica, pero en marzo de 2021, tras ser elegida como representante en el Parlament el 14-F, se personó por sorpresa en Madrid ante el juez Pablo Llarena, quien envió el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

El 9 de junio de 2017, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, presentaron la pregunta que se iba a formular en el referéndum, y en el acto fueron “acompañados y respaldados” por miembros del Govern, entre los que se encontraba Serret. En el mismo escrito, se relata que el 6 de septiembre de 2017, tras aprobarse en el Parlament la celebración del referéndum, “la totalidad de los integrantes del Govern − el presidente, vicepresidente y doce consellers−, desatendiendo nuevamente los requerimientos del Tribunal Constitucional y con pleno conocimiento de la ilegalidad de la iniciativa, firmaron el decreto de convocatoria del referéndum”. “La acusada conocía perfectamente la ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando, que las mismas ignoraban por completo los mandatos del Tribunal Constitucional, y que se estaban destinando fondos públicos a unos fines manifiestamente delictivos”, subraya la Sala.

Serret asegura que “como siempre, la represión no nos para”

“Como siempre, la represión no nos para”. Así reaccionó ayer la exconsellera leridana Mertixell Serret a la decisión de la Fiscalía. En su cuenta personal de Twitter, lamentó haberse enterado “por la prensa” de la acusación del Ministerio Fiscal por el papel que jugó mientras estaba al frente del departamento de Agricultura durante el referéndum.

“Como es mala costumbre instalada en ciertas instancias judiciales, nos enteramos por la prensa y no porque haya recibido la información el abogado, como correspondería”, lamentó Serret en un tuit. Por su parte, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, consideró ayer que esta acusación es injusta porque cree que “dar voz a la ciudadanía y cumplir con aquello que pide la gente es una obligación, no es ningún delito”, y añadió que, según ella, es una nueva muestra de la judicialización del proceso independentista de Catalunya.