Ayuntamientos y vecinos podrán instar a que los okupas sean desalojados

La Generalitat anunció ayer que reformará dos leyes para que los vecinos de un piso okupado puedan instar al desalojo judicial si hay una actividad delincuencial o si sus okupantes alteran la convivencia del edificio, siempre que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor. La comunidad deberá pedir primero al propietario que lo haga y, si en el plazo de un mes no lo ha hecho, los vecinos, así como los ayuntamientos, estarán legitimados para ir ante el juez competente. Según explicó la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, se reformará el Código Civil catalán para permitir que los vecinos y los ayuntamientos puedan actuar en caso de inacción por parte de los propietarios de los pisos okupados.

El proceso será el siguiente: cuando una comunidad de propietarios detecte que un inmueble okupado genera problemas de convivencia o se cometen delitos, deberá pedir al propietario que inicie la acción judicial de desalojo. Si en un mes no lo hace, los vecinos o los ayuntamientos quedarán habilitados para poner una demanda ante el juzgado. Según Ciuró, actualmente el plazo medio de ejecución de un desahucio es de ocho meses.

Sin embargo, solo afectará a pisos de grandes tenedores, como bancos, grandes inmobiliarias o fondos de inversión, no en el caso de propietarios convencionales, ya que, según la Generalitat, ya tienden a resolver el problema. La previsión es que la reforma entre en vigor en siete u ocho meses. Entretanto, la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, anunció que llevarán al Parlament la modificación de la ley de Vivienda para sancionar a los grandes propietarios y la pasividad ante la okupación delincuencial o perturbación de la convivencia se podría sancionar desde los 9.000 a los 90.000 euros.

Además, se obligará a ceder los pisos a la administración para uso social. Según Derechos Sociales, un 4% de los pisos de carácter público están ocupados y de estos, en uno de cada cuatro “hay actividades ilícitas”.

Nueve actuaciones a la semana por pisos okupados en Lleida en 2021

Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el año pasado más de 470 actuaciones en 52 municipios leridanos por incidentes relacionados con la convivencia en pisos okupados. Asimismo, en 2021, contabilizaron un total de 243 denuncias en las comarcas leridanas por okupación ilegal de viviendas. Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos, criticó ayer la “incapacidad” de las administraciones para ofrecer soluciones ante los desahucios y alertó que el problema se impondrá “con total crudeza” cuando acabe la moratoria estatal. También mostró su preocupación por las ocupaciones ilegales. Mientras, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres dijo que es “insatisfactorio el marco jurídico vigente y pedimos que pueda ser revisado”.