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El 70% de la energía limpia prevista en Lleida hace un año está en vía muerta

Solo el 30% se ha vuelto a tramitar después del parón que decretó la Generalitat

Uno de los molinos del parque eólico de Solans, que entrará en funcionamiento a finales de este año.

Uno de los molinos del parque eólico de Solans, que entrará en funcionamiento a finales de este año.F.C.

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La mayor parte de la energía limpia prevista en Lleida hace un año está en vía muerta. El 70% de la potencia eólica y solar ha quedado paralizada desde que la Generalitat exigió reiniciar su tramitación bajo nuevas reglas. Mientras el Govern implanta poco a poco su política de renovables, las decisiones de otros actores también condicionan su futuro.

El 70% de la energía renovable prevista hace un año en Lleida está ahora en vía muerta.

En septiembre de 2021 se planteaban 117 centrales solares y 42 eólicas que sumaban 3.875 MW de potencia, más que las nucleares de Ascó y Vandellòs juntas. Sin embargo, casi todas se vieron paralizadas un mes después. El decreto ley de la Generalitat que entró en vigor en octubre exigía volver a tramitar desde cero cada uno de estos proyectos bajo nuevas normas, como informar a los ayuntamientos y obtener acuerdos con el territorio.

Desde entonces solo se han retomado 43 plantas fotovoltaicas y seis parques de molinos de viento que suman 1.126 MW. En el último año, la Generalitat solo ha autorizado en Lleida nueve pequeñas centrales solares que apenas suman 15 MW y ni un solo molino de viento. Los del parque eólico de Solans, casi terminado y que entrará en funcionamiento a finales de año, obtuvieron sus licencias hace más de una década.

Ninguna de las instalaciones autorizadas por el actual Govern está todavía en funcionamiento. Desde 2019, solo una planta fotovoltaica de 4 MW construida en Talarn se ha conectado a la red eléctrica para vender energía. Esto contrasta con las más de dos mil para autoconsumo instaladas en tejados de naves industriales, granjas, edificios públicos y viviendas.

Son el doble que el año pasado y su número sigue creciendo.El decreto de la Generalitat detuvo de forma abrupta un alud de proyectos para centrales solares y eólicas que provocó en muchos casos alarma y rechazo allí donde debían construirse. Los promotores competían por ocupar los terrenos más aptos para desplegar molinos y paneles solares, lo que se tradujo en una frenética carrera por obtener licencias. El parón que el Govern decretó en octubre fue el primer paso para ordenar el caótico boom de las renovables bajo nuevas premisas de equidad territorial y consenso con la población.

Sin embargo, gran parte de este camino está aún por recorrer un año después. La actual política de renovables de la Generalitat, establecida por ERC al frente de Acción Climática, descansa sobre tres pilares. El primero es una compañía eléctrica pública con la que el Govern prevé promover proyectos de energías limpias, en solitario o con particulares agrupados en comunidades energéticas.

El President, Pere Aragonès, aseguró esta semana que se constituirá en octubre.El segundo pilar es el plan territorial que deberá determinar la capacidad de cada territorio para acoger nuevas instalaciones de energías renovables. La Generalitat encargó su redacción en mayo, pero quiere consensuarlo con cada comarca a través de los consells. Para ello espera de que estos creen sus oficinas de Transición Energética con subvenciones que el Govern les otorgó el pasado julio.

El tercer pilar es la futura ley de Transición Energética, que plantea que las áreas con menos centrales eólicas y solares compensen a los que acogen más. El Govern la debate desde marzo con entidades sociales en su Mesa de diálogo de las energías renovables. El proyecto de ley aún no ha iniciado su trámite y miembros de la Mesa como la asociación de comunidades de regantes Acatcor y la entidad ecologista Ipcena plantaron la sesión de julio para protestar por la “escasa efectividad de este órgano”.Mientras la Generalitat desarrolla a su ritmo su política de renovables, otros actores toman decisiones que pueden condicionar el despliegue de las energías limpias al margen del Govern.

Así, el Estado ha asumido el control de la mayor parte de la capacidad de conexión de la red de transporte eléctrica leridana, necesaria para evacuar la energía de grandes parques eólicos y solares. Son unos 900 MW que prevé asignar a través de concursos. Asimismo, al menos una docena de ayuntamientos leridanos delimitan áreas para paneles solares y molinos a través de ordenanzas y planes urbanísticos, sin esperar a la planificación territorial catalana.Por su parte, promotores de centales solares y eólicas tramitan algunos de sus proyectos ante el Estado, lo que les permite esquivar los crecientes requisitos que exige la Generalitat.

Catorce contratos para acelerar las renovables en la provincia

La contratación de 14 personas se ha convertido en un factor clave para acelerar el desarrollo de las energías renovables en Lleida. Dos de estos contratos son para reforzar los servicios técnicos de la Generalitat, tras constatar que la escasez de personal frena la tramitación de nuevas centrales eólicas y solares. Acción Climática abrió un primer concurso para contratar a cuatro ingenieros industriales que quedó desierto, mientras que en una segunda convocatorio contrató a dos.

Las dos restantes volverán a salir a concurso. Así lo explicaron fuentes de la conselleria, que indicaron que también han contratado a 4 administrativos. Por otra parte, la elaboración del plan territorial de renovables de la Generalitat espera que los consells constituyan sus oficinas de Transición Energética con las ayudas que el Govern les otorgó en julio.

Ninguna comarca leridana, ni tampoco el Conselh Generau, han puesto en marcha las suyas, aunque esperan hacerlo en breve. Solo el consell del Pla d’Urgell ha seleccionado a una persona para desempeñar esta función, que se incorporará en octubre a su nuevo empleo. El consell de la Alta Ribagorça, por su parte, prevé contratar los servicios de una empresa consultora para desempeñar esta función.

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