Desahucios sin Brimo si no es necesario o no lo pide el juez, nuevo protocolo de los Mossos

Los Mossos d’Esquadra han activado el primer protocolo donde se establecen pautas de actuación policial ante los desahucios por mandato judicial y en ocupaciones. De esta forma, se excluirá de las intervenciones la presencia del Área de la Brigada Móvil (Brimo) excepto si lo pide el juez o en situaciones de riesgo elevado. Así lo explicaron ayer el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y el comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent.

Los nuevos protocolos tienen como objetivo un único modelo de trabajo homogéneo en todo el territorio, ya que hasta ahora las actuaciones policiales se diseñaban en función de la información recopilada en cada caso y de los recursos de cada comisaría. Además, el nuevo protocolo incorpora una “mirada social” destinada a establecer medidas de protección para mejorar la atención a las personas vulnerables y garantizar una mayor coordinación entre todos los actores que participan en estos procesos, como en casos de desahucios con menores o con personas vulnerables. En estos casos, los Mossos requerirán la intervención de los servicios sociales.

Joan Ignasi Elena destacó que los Mossos “no desahucian, quien desahucia a una persona vulnerable es una sociedad injusta que no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda”. En este sentido, recordó que el Parlament ha intentado aprobar leyes de vivienda que el Gobierno central ha impugnado. Por su parte, la portavoz de los Mossos, Montserrat Escudé, resaltó que para comprender mejor el fenómeno y disponer del máximo de información se crea la Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda así como un registro global de datos.

Tanto Elena como el comisario en jefe, Eduard Sallent, quisieron diferenciar entre las familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler de aquellas que pagan a una mafia para que les busque un piso donde vivir. También se tendrá en cuenta si la vivienda ocupada es residencia habitual o no, pero aseguraron que los casos de viviendas habituales ocupadas son muy pocos habituales. Eduard Sallent explicó que primero actuarán los agentes del Área de Mediación, después las unidades de Seguridad Ciudadana si es necesario y, “si lo piden judicialmente o hay situaciones de riesgo evidente”, actuarán los agentes de orden público, como los de la Brimo o los Arro.

Casi 150 denuncias por okupación de inmuebles en seis meses en Ponent

Las fuerzas y cuerpos de seguridad recibieron un total de 147 denuncias por okupación ilegal de inmuebles durante el primer semestre del año en la provincia de Lleida (ver SEGRE del domingo). Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno central, con datos del ministerio del Interior. Las cifras sitúan a Lleida entre las provincias con más denuncias de este tipo.

Paralelamente, la Síndica de Greuges de Lleida ciudad, Dora Padial, constató la semana pasada que hay bandas organizadas. En cambio, la Paeria calificó de “alarmista” el informe de la Síndica Por su parte, el conseller Elena detalló ayer que entre los años 2016 y 2022 se han producido unos 73.700 desahucios en Catalunya, y que los Mossos han estado presentes en 15.000 de ellos –poco más del 20%– y solamente se han producido incidentes en 601 desahucios, lo que supone un 0,8% del total.