La Sindicatura de Comptes detecta sin formalizar 390.000 euros de gasto del Consell Comarcal de l'Alt Urgell
Un informe del 2019 constata también irregularidades en contratos menores que no aparecen o se han fraccionado indebidamente
La Sindicatura de Comptes ha detectado irregularidades en algunos contratos o servicios del Consell Comarcal de l'Alt Urgell correspondientes al año 2019. Así lo recoge un informe publicado por el ente fiscalizador que expone que no se formalizaron dos contratos que ascendían a 390.000 euros; concretamente la gestión de los servicios de cocina y monitorización del comedor escolar en la empresa pública comarcal Iniciatives Alt Urgell (222.917 euros) y la gestión de la Estación Depuradora de aguas Residuales de Montferrer (167.613). Además, constata que el Consejo Comarcal contrató varios servicios mediante contratos menores que no aparecen en el listado y que otros se fraccionaron indebidamente, incumpliendo la Ley de contratos del sector público.
Según el informe de la Sindicatura de Comptes, algunos contratos referentes a formación, compra de materiales, electricidad, servicios de mantenimiento y redacción de memorias no constan en el listado de contratos menores. Además, en algunos del contratos menores revisados se han detectado incidencias relacionadas con la contratación separada de prestaciones que tendrían que haber sido objeto de un único contrato por el hecho de estar relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles.
El ente fiscalizador alerta de que "estas incidencias han dado como resultado la elusión de los requisitos de publicidad o los relativos a los procedimientos de adjudicación que habrían correspondido" y que, por este motivo, constituyen un fraccionamiento indebido del contrato y, en consecuencia, un incumplimiento de los artículos 99.2 y 118.3 de la Ley de contratos del sector público".
Con respecto a los encargos de gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Montferrer y de los servicios de cocina y monitorización del comedor escolar, ninguno de los dos, apunta, constan formalizados en ningún documento donde consten las condiciones del encargo ni los precios establecidos. Además, en este último no ha sido debidamente aprobado por el órgano competente.
La Sindicatura de Comptes también pone de manifiesto que el Consell Comarcal hizo efectivo al adjudicatario del contrato para el suministro de un decantador de barros para el EDAR de Montferrer el pago de un anticipo del 40% del importe total, "sin que eso estuviera previsto en el contrato".
El informe, presentado por el síndico Ferran Roquer como ponente, fue aprobado por el Pleno de la Sindicatura en la sesión del 11 de octubre del 2022. El objeto del trabajo ha sido la fiscalización financiera limitada del Consell Comarcal, centrada en la fiscalización de la liquidación del presupuesto y la revisión del cumplimiento de la legislación aplicable en los ámbitos contable, presupuestario, del personal y de la contratación administrativa, correspondientes al ejercicio 2019.
El presupuesto inicial del Consell Comarcal preveía unos ingresos y unos gastos de 7,12 millones de euros y durante el ejercicio se aprobaron modificaciones de crédito por 1,66; por lo tanto, el presupuesto definitivo fue de 8,78 millones. Así, el resultado presupuestario del ejercicio fue de 70.654 euros.
Los datos de la liquidación del presupuesto correspondientes al 31 de diciembre del 2019 presentan unos derechos reconocidos (ingresos) de 5,68 millones de euros y unas obligaciones reconocidas (gastos) de 5,61 millones. En este sentido, según el informe del ente fiscalizador, los consorcios adscritos al Consell Comarcal no forman parte de su presupuesto ni están incluidos en su Cuenta general, "contrariamente a lo que dispone la normativa". Además, apunta, el inventario de bienes del Consell Comarcal no se ha actualizado desde el ejercicio 2009, por lo cual no se ha obtenido evidencia de la correcta valoración de los elementos del inmovilizado a 31 de diciembre de 2019.
El informe también pone de manifiesto que el Consejo Comarcal es propietario del Centro de Atención Primaria de Oliana, que utiliza el Servicio Catalán de la Salud, pero no recibe ninguna contraprestación económica ni hay ninguna cesión por su uso.
Finalmente, detalla que la Relación de puestos de trabajo no contiene las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo, "en contra de lo que dispone la normativa", y que el convenio entre el Consejo Comarcal, el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell y el Consorcio de Atención a las Personas del Alt Urgell para la prestación de servicios sociales, firmado el año 2010, se tendría que haber renovado a finales del ejercicio 2020, ya que supera la duración prevista en la normativa.