El Alt Urgell lleva al juez a la gestora de la atención a dependientes

El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (Capau), formado por el consell y el ayuntamiento de La Seu, llevará al juez a Suport Assitencial S.L, empresa concesionaria del servicio de atención a las personas mayores y dependientes de la comarca, “por incumplimiento” de contrato, una situación que ha rebajado la atención a decenas dependientes de la comarca. Su presidente, Martí Riera, indicó que la demanda podría acabar con la acusación de “apropiación indebida de fondos” si se demuestra que la concesionaria del servicio se ha quedado dinero que el consorcio le ha ingresado durante los últimos meses para pagar las horas de las trabajadores familiares y que estas no habrían recibido. Este servicio contaba con 14 personas hace un año y ahora son seis, de las que una es del consell y otra del Capau.

Las otras cuatro son de la adjudicataria y las que faltan o sus sustitutas lo han dejado o han sido despedidas. El contrato se adjudicó a otra compañía hace un año pero la burocracia ha ralentizado el traspaso. El consorcio se reunió ayer con las empleadas para informarles de estas medidas.

Francesc Viaplana, vicepresidente del organismo y alcalde de La Seu, lamentó que “la empresa no cumple con el pago y miente”. El consorcio informó que Sumar, la nueva concesionaria, se hará cargo del servicio “el 1 de diciembre”. Montse Bosch, propietaria de Suport Assitencial, reiteró que el consorcio “no ha pagado la totalidad” de las horas de las trabajadoras “que le corresponde” y añadió que “siempre me mostré en contra de la prórroga para no llegar a la situación actual” ya que “ateniéndome al contrato, no me podía negar”.

Las trabajadoras pidieron que la empresa fuera intervenida

Las trabajadoras de Suport Assistencial habían pedido al consorcio que interviniera el servicio de atención domiciliaria como medida provisional. Riera indicó que, “con el contrato subrogado con la empresa actual, no teníamos margen para intervenir el servicio”. Suport Assistencial aseguró esta semana que el consorcio le debe 85.000€ de facturas impagadas desde el 2019 y que esta situación le ha obligado a reducir la plantilla y provocó retrasos en las nóminas, algo que Riera volvió a desmentir.