La denunciante de la macroestafa de criptomonedas en La Seu d'Urgell perdió 800.000 euros

Una dirección IP –Internet Protocol, el identificador con el cual se registra un ordenador conectado a una red– coincidente permitió a los Mossos d’Esquadra de La Seu d’Urgell relacionar dos denuncias que han permitido desarticular una de las mayores estafas de Europa en criptomonedas. La primera denuncia que recibieron fue a finales 2017 de un vecino de la capital del Alt Urgell al que estafaron unos 8.000 euros. Poco después llegó una segunda, de mucha más envargadura.

Una mujer de edad avanzada de Puigcerdà se había quedado sin 800.000 euros tras haber invertido inicialmente 250 euros en la adquisición de criptomonedas. “A través de las informaciones aportadas por las víctimas y, tras un estudio en profundidad, alcanzamos la conclusión que habían sido estafados por la misma red, situada en un call center de Albania”, comentó ayer a este periódico el sargento Martí Giró, jefe de la Unidad Territorial de Investigación (UTI) de los Mossos en la región del Pirineo Occidental. El sargento añadió que “en 2020 hubo una tercera víctima en Vielha, en este caso de unos 160.000 euros”.

Estas son tres de las 17.000 víctimas que los Mossos d’Esquadra y Guardia Civil –que se sumó a la investigación tras una denuncia en Huesca– estiman que hay en España, muchas de las cuales todavía no han denunciado al no ser conscientes de la estafa. La red desarticulada la semana pasada ganaba unos 400 euros al minuto, 50 millones de euros cada trimestre, y habría tenido unos beneficios de 2.400 millones de euros. Estos datos los dieron a conocer ayer ambos cuerpos policiales en una rueda de prensa conjunta que tuvo lugar en el Complejo Egara de los Mossos en Sabadell.

Una compleja investigación que iniciaron en 2018 la Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra de La Seu, la Fiscalía de Lleida y el juzgado de Instrucción 2 de la capital del Alt Urgell. Tras cuatro años de investigaciones, la semana pasado, se desplegó un amplio dispositivo en Albania, Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte y Ucrania que finalizó con 15 call centers desmantelados.

“Las víctimas estaban convencidas de que ganaban mucho dinero”

El intendente jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, Joan Carles Granja, explicó ayer el caso de la vecina de Puigcerdà. “Hizo una inversión inicial de 250 euros y simularon que los beneficios eran exponenciales. Tras varias aportaciones de dinero, cuando intentó recuperar lo ganado, las personas con las que había tenido contacto desaparecieron, así como las webs falsas donde hacía el seguimiento de sus inversiones. En total, había perdido 560.000 euros”.

La estafa no acabó aquí. “En el momento que intentó recuperar el dinero, la propia organización se puso en contacto con ella simulando ser abogados que le ayudarían a recuperar la inversión. Le hicieron pagar una cantidad en concepto de honorarios, que también perdió. Por último, la suma estafada fue de 800.000 euros”, añadió Granja. “Funcionaban con una doble vertiente. Por un lado, con un tecnología muy avanzada y, por el otro, con ingenieria social, ya que sabían en cada momento cómo tratar a la víctima”, explicó el sargento Giró.

El jefe de la UTI en el Pirineo añadió que “las víctimas están convencidas de que están ganando mucho dinero y esto los llevaba a invertir más y más”. En este sentido, dijo que “hay muchas personas que ahora descubrirán que han sido víctimas porque hasta ahora pensaban que habían perdido una inversión”. Las aportaciones iniciales eran de 250 euros y, a medida que a la víctima le ofrecían supuestos beneficios, mediante aplicaciones, su confianza con el supuesto broker aumentaba, lo que provocaba que siguiera depositando más dinero en la plataforma.