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Relevo en el cuidado a dependientes del Alt Urgell tras un año de quejas
La firma Sumar asume la gestión y subroga a las empleadas de Suport Asistencial
Protesta por impagos de salarios de la antigua empresa concesionaria en noviembre.
El servicio de atención a las personas dependientes de la comarca del Alt Urgell está desde hoy gestionado por la empresa pública Sumar, formada por administraciones de ámbito local y comarcal. El traspaso se ha hecho efectivo tal y como había avanzado el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (Capau), formado por el consell comarcal y el ayuntamiento de La Seu. Este cambio llega tras un año de quejas de las trabajadoras, que habían denunciado incumplimientos de los contratos e impagos de salarios durante varios meses por parte de la anterior concesionaria, Suport Assitencial.
Sumar ha subrogado los contratos de las empleadas de Suport Assitencial dedicadas al servicio público del Capau. Ahora forman una plantilla de cuatro trabajadoras familiares y una coordinadora. El consorcio indicó que el servicio público de ayuda a domicilio (SAD) tiene medio centenar de usuarios distribuidos en 32 familias.
Veinticuatro de estas familias recibirán atención del personal de Sumar, mientras que las ocho restantes estarán al cuidado de personas contratadas directamente por el consell comarcal. A este colectivo se suman los usuarios del servicio de teleasistencia, que elevarían la cifra a unos doscientos. Desde el consorcio explicaron que tienen voluntad de “potenciar” el servicio y “hacerlo crecer” en la comarca.
Los impagos de salarios llevaron a trabajadoras del servicio de atención a la dependencia a protestar el pasado mes de noviembre en La Seu. La antigua empresa concesionaria y el consorcio se atribuyeron mutuamente incumplimientos (ver desglose).
La antigua empresa y el Capau se acusan de incumplimientos
La empresa Suport Assistencial, hasta ahora a cargo de la atención a la dependencia del Alt Urgell, y el Consorci d’Atenció a les Persones (Capau) se atribuyen mutuamente incumplimientos. La antigua concesionaria reclama al ente público 85.000 euros de facturas que considera impagadas desde 2019. Por su parte, el Capau asegura haber pagado todo lo debido y acordó denunciar a la empresa al considerar que en ocasiones incumplió el servicio y hubo usuarios que quedaron sin ser atendidos.
