Piden 12 años de prisión al exjefe de Carreteras en Lleida por la adjudicación irregular de obra pública del 2010 y al 2016
La fiscalía solicita también que se inhabilite a Jordi Benet durante 37 años para el ejercicio de cargo público
La fiscalía pide 12 años de prisión para el exjefe de Carreteras en Lleida, a Jordi Benet, por supuestas irregularidades en contratos de obra pública entre el 2010 y el 2016; una investigación derivada del 'caso Boreas' sobre presunta corrupción a la Diputació de Lleida. También solicita que se lo inhabilite durante 37 años para el ejercicio de cargo público y que pague una multa de 21.600 euros por los delitos de soborno pasivo de funcionario, fraude por gestión desleal, prevaricación administrativa como cooperador necesario y falsedad continuada en documento público. Además, pide que indemnice a MYJ Guas con 15.000 euros por el dinero en metálico que entiende recibió en concepto de regalos a los hijos por sus bodas y por los trabajos realizados en su casa.
Relacionados con esta causa, además de Benet, también se juzgarán a cuatro personas más; entre ellas el exresponsable de Conservación de Carreteras de la Generalitat en Lleida, B. C. R. M., para quién la fiscalía pide 4 años de prisión, una multa de 10.800 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público durante 4 años por el delito de falsedad continuada de documento público y la hija de Benet, M. P. B. B., para quien solicita 4 años de prisión y una multa de 60.000 euros por blanqueo de capitales.
Los otros dos acusados son dos de los responsables de MYJ Gruas, J. M. G. P. y M. T. G. Para cada uno de ellos, el ministerio público pide 13 años de prisión; más de un millón de euros de multa; la prohibición de contratar con el servicio público durante 20 años, de los cuales 6 tampoco podrán obtener ayudas o subvenciones públicas y disfrutar de beneficios fiscales y de la seguridad social por tráfico de influencias, soborno activo de funcionario, fraude y falsedad continuada en documento mercantil.
Hechos por los cuales se los acusa
Según el escrito de la fiscalía, los supuestos delitos tuvieron lugar entre los años 2010 y 2016 y están relacionados en la adjudicación de obra pública en el ámbito de carreteras de la demarcación de Lleida. Una de estas obras es el reforzamiento del firme de la C-12 entre Lleida y Corbins, que fue suspendida en el 2011 por la misma administración a causa de la crisis económica por "falta de liquidez". Esta obra se incluyó nuevamente a los presupuestos del Gobierno el año 2016 y, según figura en el auto judicial, el exjefe de carreteras habría confirmado por teléfono al responsable de MyJ Gruas que las obras se harían aunque no se aprobaran las cuentas de manera que cuando los presupuestos fueron aprobados la obra ya casi se había entregado.
En mayo del mismo año, Benet habría pedido a los trabajadores de MyJ Gruas que hicieran trabajos en una finca particular suya sin facturación. Los directivos de la empresa habrían acordar con el exjefe de Carreteres una cantidad en metálico.
Además, según el auto de la jueza de instrucción que se emitió a finales de octubre, Benet habría incrementado considerablemente su patrimonio entre el 2011 y 2016 con una gran cantidad de ingresos en efectivo en cuenta bancaria por valor de 1.000 euros cada uno hasta llegar cerca de los 100.000 euros. En este sentido, se hacía referencia en que Benet y su hija habrían abierto una caja de seguridad en el 2017 para intentar "esconder" el dinero y que en octubre de 2020 la policía detuvo a la hija saliendo del banco con 20.000 euros escondidos debajo de la ropa.