Vehículos abandonados y vertidos de basura en el acceso a la montaña de Tor

Coches, una moto de nieve e incluso un viejo camión de bomberos se oxidan abandonados en los márgenes del camino de la montaña de Tor. Su entorno acumula toda clase de residuos, desde bolsas de plástico hasta botes de pintura. Propietarios de los terrenos atribuyen gran parte de la responsabilidad a una sola persona, pero también a turistas en coches, motos y quads. Tras interponer denuncias, prevén instalar vallas en el camino, de titularidad privada igual que el resto de la montaña, en el municipio de Alins y en la frontera entre el Pallars Sobirà y Andorra.

El alcalde de Alins, Manel Pérez, explicó que el ayuntamiento también ha denunciado la situación de Tor ante los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil. Afirmó que el consistorio trabaja para retirar los vehículos y otros objetos de la montaña, pero la tramitación necesaria para hacerlo, larga y compleja, se ha prolongado hasta las puertas del invierno. Habrá que esperar a la primavera y el deshielo para que camiones puedan llegar al lugar y llevarse la chatarra y los vertidos acumulados.

El camino solo está asfaltado hasta donde comienzan los terrenos privados. El resto del trazado es una vía de tierra. La comunidad rechazó años atrás proyectos de las administraciones para pavimentarlo hasta las casas de Tor.

La comunidad abordó la instalación de vallas en una reunión la semana pasada en Rialp. Fuentes de la entidad detallaron que el cierre del camino se plantea solo en invierno, el periodo en que sufre más daños por el paso de vehículos en días de lluvia y cuando la nieve lo cubre. El resto del año las vallas se podrán alzar para permitir usos tradicionales de la montaña como los pastos, y también para preservar la incipiente actividad turística.

Hay un restaurante en el pueblo y ha habido iniciativas para organizar visitas basadas en la historia de la montaña, popularizada por el periodista Carles Porta en el libro Tor, Tretze cases i tres morts.“No solo forasteros motorizados causan destrozos”, explica una carta enviada a este diario (ver página 4), que lamenta que una persona “apile chatarra sin límites” y “obstaculice cualquier intento de hacer limpieza”. Propietarios de Tor señalan que esta misma persona tiene allí perros y, en ocasiones, burros y caballos, atados y “pasando calamidades”. Todo esto se le atribuye a Josep Cases, conocido como el Terrisses.

Pastor y escultor, fue concejal de la antigua ICV en Sort en 2005. También se presentó a las municipales de 2015 en Lladorre por ERC y en las de Alins de 2019 por el PSC. Adquirió años atrás una pequeña superficie de terrenos en la montaña y empezó a acumular vehículos en ellos.

Propietarios de Tor han interpuesto denuncias al considerar que actualmente se extienden mucho más allá de los límites de la propiedad de Cases.En el año 2011, la Confederación Hidrográfica del Ebro multó a Cases con seis mil euros por acumular vehículos, bidones y otros objetos cerca del río Noguera Pallaresa en Sort. Él afirmó entonces que todo aquello formaba parte de un “museo de maquinaria antigua”. Este diario intentó ayer sin éxito recabar su versión de los hechos.

Se incorporan nuevos herederos y se calman antiguos conflictos

Nuevos herederos se han incorporado en los últimos años a la comunidad de propietarios de la montaña de Tor. Su llegada ha contribuido a calmar viejos conflictos que habían vuelto a los tribunales, en forma de denuncias que ahora han quedado aparcadas, según miembros de la entidad.Conflictos por la propiedad de Tor desencadenaron tres asesinatos en este pequeño pueblo de 13 casas. El último protagonista de aquella tragedia murió en 2019.

Era Jordi Riba Segalàs, el Palanca, y defendía mantener los usos tradicionales de la montaña. Hacerlo suponía conservar el aislamiento que hizo de ella un lugar paso frecuente de contrabandistas por su proximidad con la frontera andorrana. Su postura chocó con la de Josep Montané Baró, de casa Sansa y partidario de aprovechar la vecindad con Andorra para extender a Tor las pistas de esquí del Principat.

Para ello firmó un contrato con un empresario andorrano, Rubén Castañer. Las fricciones llegaron al límite en julio de 1980, cuando empleados de Castañer mataron a tiros a dos trabajadores del Palanca. Fueron condenados a 8 años.

En 1995, una sentencia declaró a Montané único dueño de la montaña y, en julio de ese año, apareció muerto con señales de estrangulamiento y un golpe en la cabeza. El crimen quedó sin resolver. Tiempo después, otro fallo judicial establecería de nuevo la propiedad compartida de la montaña.