Investigan dietas en Almacelles y exigen al exalcalde Josep Ibarz 240.000 €
Aval por la sospecha de pagos indebidos entre el 2015 y el 2019
Josep Ibarz renuncia a la alcaldía de Almacelles después de ser inhabilitado nueve años por contrataciones 'en dedo'
El Tribunal de Cuentas (TCU) investiga el dinero que el ayuntamiento de Almacelles pagó a miembros del consistorio entre 2015 y 2019 por asistir a plenos y juntas de gobierno. Cuestiona la entrega de 211.030 euros en este periodo al entonces alcalde, Josep Ibarz, y a edil del gobierno y la oposición. Con el proceso aún en curso, le exige a Ibarz, ahora inhabilitado, y al interventor municipal que depositen o firmen avales por esta cantidad con intereses, un total de 242.277 euros. Deberán responder con este dinero por el supuesto perjuicio a las arcas locales si la investigación lo acaba confirmando. Al entonces secretario le reclama 18.322 euros por el mismo motivo.
Exigir fianzas antes de concluir la investigación es el proceder habitual del TCU al apreciar indicios de uso indebido del dinero público. En el caso Almacelles, la investigación se inició a raíz de un informe de la Oficina Antifraude de Catalunya. En el mandato anterior, Ibarz era diputado provincial con dedicación completa en la Diputación, y cobraba por ir a plenos y juntas de gobierno en el ayuntamiento de Almacelles. Es una práctica frecuente entre los que tienen cargos en dos instituciones, e informes del consistorio alegan que es legal.
Pese a ello, el TCU valora que cobrar un salario de la Diputación es “incompatible” con indemnizaciones por reuniones en un ayuntamiento. Ibarz recibió 113.950 euros por este concepto en cuatro años, algo que el Tribunal ve “desproporcionado”. También considera contrario a la normativa que el alcalde cobrase más que el resto de ediles por cada sesión, que hubiera pagos para miembros de la oposición que asistían a las juntas de gobierno y que los portavoces de los grupos políticos recibieran 60 euros al mes.
Ibarz defiende los pagos. Ibarz, por su parte, se declaró “tranquilo” al considerar que existen estudios jurídicos que avalan la legalidad del cobro de indemnizaciones, y que jurisprudencia en los tribunales considera válido que los ediles cobren cantidades distintas en función de sus responsabilidades.
