Más vigilancia policial en las carreteras de Lleida por los accidentes mortales

Los Mossos d’Esquadra han incrementado la vigilancia y los controles de velocidad con la ola de accidentes mortales de este 2023. Están actuando sobre todo en las carreteras de la Segarra y el Urgell como la L-310, la L-311, la L-303 y la C-14 tras los dos accidentes mortales que se registraron en apenas una semana en Tàrrega y Cervera, los días 11 y 17 de enero, y en los que perdieron la vida dos jóvenes de Guissona. El jefe del Àrea Regional de Tráfico de los Mossos d’Esquadra en Ponent, el inspector Damià Larriba, aseguró a este periódico que “son siniestros que todavía están en investigación ya que podrían haber sido causados por varios factores pero debemos actuar y, por ello, se ha incrementado el patrullaje y los controles”. Entre las medidas, se han colocado cajas radar en diferentes tramos.

También está previsto que en las próximas semanas impartan charlas sobre educación de movilidad segura para los trabajadores de varias empresas de la Segarra. Larriba recordó que “hay que ser muy prudente porque cualquier distracción, por pequeña que sea, puede tener consecuencias fatales”. El año pasado no se alcanzaron las tres víctimas mortales en Ponent hasta mediados de abril.

Cabe recordar que once de los doce fallecidos en accidentes que se han registrado este enero en Catalunya –hasta el pasado jueves– vivían cerca del lugar del siniestro. Es el caso de las tres víctimas leridanas, dos jóvenes de Guissona de 27 y 23 años que perdieron la vida en Tàrrega y Cervera y la vecina de Lleida de 51 años que el día 15 falleció en un choque en la C-12 en Corbins. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, dijo que “si esto pasa cerca de donde vives y donde te conoces las carreteras, podemos extraer conclusiones como el exceso de confianza”

Se da la circunstancia de que dos de las tres víctimas eran de Guissona y tenían 23 y 27 años

Los Mossos d’Esquadra han imputado al conductor de la furgoneta que el pasado 30 de septiembre atropelló en Balaguer a un ciclista de Albesa de 41 años, según ha podido saber este periódico.

El hombre resultó herido crítico y falleció el 21 de noviembre en el hospital a consecuencia de la gravedad de las heridas. Los Mossos abrieron diligencias que trasladaron al juzgado por un delito de lesiones por imprudencia grave que, tras el deceso, se ha transformado en un delito de homicidio por imprudencia grave. La Unidad de Investigación del Área Regional de Tráfico de Ponent determinó que el conductor fue el causante del siniestro.

El accidente se produjo a las 18.11 horas del viernes 30 de septiembre en la zona del Pla d’Almatà de la capital de la Noguera, que da acceso a la carretera C-12 y que es utilizada habitualmente por ciclistas para hacer diferentes rutas. Sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue evacuado por un helicóptero del SEM al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Cabe recordar que los Mossos también han imputado de tres delitos de homicidio por imprudencia grave a la conductora del turismo que el pasado 22 de septiembre causó un accidente en el que fallecieron tres motoristas en la C-12 en Alfés.

Según presumen los Mossos, el siniestro fue causado porque la conductora se distrajo porque estaba tomando un café mientras conducía tras adquirirlo minutos antes en un área de servicio. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, insistió el miércoles desde Lleida en que en el 25% de los casos la causa de accidentalidad es por distracciones (ver SEGRE de ayer). De estas, más de ocho de cada diez son por el uso del móvil. Le sigue el exceso de velocidad.

‘Invictes’, servicio de atención para los heridos con secuelas graves

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y el de Derechos Sociales, Carles Campuzano, presentaron ayer un nuevo servicio de inclusión de las víctimas de tráfico heridas graves en su entorno social, conocido como ‘Invictes’. El objetivo es promover y recuperar la autonomía personal y la vida independiente de las víctimas con secuelas graves y que se encuentran en situación de discapacidad.

Ha empezado a funcionar este enero y es un servicio territorializado que prestarán entidades sociales y tendrá una dotación de recursos de cerca de 650.000 euros. Al acto asistió Bibiana Bendicho, presidenta de Aspid.