La polémica por el veto a una charla en Castelldans, al Fiscal
Joan Vázquez (izquierda) durante un acto contra Nova Tracjusa en Torregrossa el pasado septiembre.
La polémica por el veto de un local al portavoz de la entidad ecologista Ipcena, Joan Vázquez, en Castelldans ha llegado al Juzgado. La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar si hay indicios de delito tras la denuncia presentada el pasado 10 de enero por los conservacionistas contra el alcalde de Castelldans, Conrad Llovera, por un presunto delito contra los derechos y libertades fundamentales al discriminarlo cuando se le prohibió dar una charla en esta población el pasado 16 de diciembre de 2022.
Desde Ipcena aseguran que “los representantes de las instituciones públicas están obligados a respetar los derechos y libertades fundamentales y es impropio de un alcalde prohibir una charla sin ninguna razón objetiva que pueda infringir la ley al ser una decisión arbitraria y autoritaria que le descalifica como representante de una institución pública”.
El alcalde dice que cedió un espacio de palabra
El alcalde, Conrad Llovera, se mostró ayer tranquilo ya que asegura que el ayuntamiento dejó de palabra un espacio a la Plataforma Aturem l’Incineradora aunque no se dio permiso escrito al comprobar que la entidad no daba cuenta de los ponentes entre los que sí estaba Vázquez. Llovera incidió en que la plataforma no ha expresado ninguna queja y remarcó que el ayuntamiento puede argumentar que Vázquez ocupó un espacio público sin permiso del consistorio. El ayuntamiento también ha puesto el asunto en manos de sus abogados.
