Los ayuntamientos catalanes podrán desalojar pisos ocupados de grandes tenedores

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles cambios legislativos para que los ayuntamientos puedan destinar pisos ocupados que generan una "alteración de la convivencia" a "vivienda social". Después de una negociación con PSC, ERC y Ciutadans, Junts ha conseguido que salga adelante su propuesta para modificar la ley de derecho a la vivienda y el Código Civil a fin de que los ayuntamientos puedan requerir a los grandes tenedores que en el plazo de treinta días desalojen pisos ocupados donde se lleven a cabo actividades contrarias a la "convivencia normal de la comunidad", "del orden público" o que pongan "en peligro la seguridad o la integridad del inmueble". Junts ha negociado modificaciones en el texto, por una parte, con PSC y ERC y, de la otra, con Cs y socialistas. Así, los cambios legislativos sobre las ocupaciones que generan problemas de "convivencia" se han validado con los votos del PSC, ERC, Junts, Ciutadans y Vox, el voto contrario de la CUP y los comunes, y la abstención del PP.

Pactos con PSC, ERC y Cs

En concreto, el texto pactado con los republicanos y socialistas delimita la medida a "grandes tenedores" y no a "personas jurídicas mayores tenedores", como pedía Junts inicialmente. Además, se ha introducido al preámbulo una referencia a los criterios que se pueden utilizar para decidir qué constituye una "alteración de la convivencia". Básicamente, se remite a la jurisprudencia en general que "ha delimitado con rigor" este concepto. De esta manera, se considera que se puede evitar "extralimitaciones o arbitrariedades" a la hora de impulsar un desahucio. Por otra parte, Junts, PSC y Ciutadans han acordado un apartado que permite a la junta de propietarios y a la "vecindad del espacio residencial contiguo" instar a los ayuntamientos para que exijan a los grandes tenedores el desahucio de un piso ocupado "con alteración de la convivencia". El texto que proponía Junts sólo dotaba de este poder de iniciativa a los ayuntamientos, y ahora incluso se abre la puerta a la actuación de otras administraciones. También se establece que los grandes tenedores tendrán que asumir los costes de todo este procedimiento.

Finalmente, ERC también ha dado apoyo en este punto del texto. Si bien se oponían a la tramitación rápida de estos cambios legislativos, los republicanos han acabado negociando con Junts para "evitar arbitrariedades y limitar los costes". La propuesta aprobada este miércoles prevé que los Ayuntamientos puedan adquirir "temporalmente el uso de la vivienda durante un plazo máximo de siete años" y que lo tengan que destinar a políticas públicas de alquiler social".

Debate sobre ocupaciones

La diputada de la CUP, Montserrat Vinyets, ha criticado los cambios legislativos porque considera que ya hay "muchas herramientas" para abordar esta problemática. "No era necesario", ha remarcado. Por su parte, la diputada de los comunes Susanna Segovia ha enmarcado la propuesta de Junts en la "campaña municipal": "Es una ley mal hecha, mal concebida, que han querido hacer deprisa". Durante el debate en el pleno –que ha contado con la presencia de las exconselleres Lourdes Ciuró y Violant Cervera–, la diputada de Junts Marta Madrenas ha negado que la ley vaya en contra de las personas que ocupan: "Va contra los grandes tenedores que se desentienden de sus obligaciones". Y ha celebrado que la normativa, que para Madrenas "no va de ocupaciones, va de la paz social", dará "herramientas" a los ayuntamientos en los casos que "se altere de forma grave la convivencia o que se ponga en peligro el mismo inmueble". "Hay casos en los que se está haciendo la vida imposible a los vecinos", ha argumentado. La alcaldesa de Girona ha alabado que se harán políticas públicas de vivienda porque los pisos serán puestos a disposición del parque público de alquiler. "¿Eso es ir en contra del derecho a la vivienda?", ha cuestionado, dirigiéndose a los comunes.

La diputada del PSC Candela López ha remarcado que "la verdadera razón" de las ocupaciones es "la existencia de muchas viviendas y locales vacíos" y ha culpado a los grandes tenedores de "dejadez" de sus inmuebles. Por eso, ha celebrado que con la ley se podrá dotar de herramientas a los ayuntamientos para afrontar la problemática y así se acabará con la "frustración" que los consistorios no tengan "capacidad de dar soluciones, a pesar de la voluntad de hacerlo".

El diputado de ERC Pau Morales ha defendido que los cambios pactados son "positivos" y ha remarcado que la proposición aprobada "había entrado de una manera diferente". "Hoy nos toca decidir y tomar partido", ha destacado el republicano. Por su parte, la diputada de Ciudadanos Anna Grado ha criticado que la ley "está muy mal hecha" y "es muy floja". "Era mucho mejor la nuestra, la que retiramos en nombre del consenso, la responsabilidad y para cambiar el marco mental sobre la cuestión; esta es peor que la nuestra y todavía ha quedado peor después de transaccionar algunas enmiendas con ERC", se ha quejado. Sin embargo, Cs ha votado a favor del texto final.