LEGISLACIÓN VIVIENDA
Los ayuntamientos podrán instar el desahucio de 'okupas' conflictivos
La nueva ley descarta que lo hagan las comunidades de vecinos y se limita solo a pisos de grandes propietarios || Podrán destinarlos a vivienda social
Uno de los edificios okupados de Les Borges Blanques.
Los ayuntamientos podrán requerir a los grandes propietarios que en el plazo de treinta días desalojen pisos okupados donde se lleven a cabo actividades contrarias a la “convivencia normal de la comunidad”, “del orden público” o que pongan en peligro la seguridad o la integridad del inmueble. Si pasado este plazo la propiedad se desentiende, los ayuntamientos podrán instar al desahucio en el juzgado. El Parlament aprobó ayer cambios legislativos para que los entes locales puedan destinar estos pisos okupados a vivienda social.
Después de una negociación con PSC, ERC y Cs, Junts consiguió aprobar una propuesta para modificar la ley de derecho a la vivienda y el Código Civil para reclamar el desahucio de los pisos okupados. Será solo en casos específicos en que los okupas rompan la convivencia con los vecinos. Sin embargo, no podrán solicitarlo las comunidades de vecinos, como pretendía la proposición de ley presentada por Junts, que solo podrán “instar a los ayuntamientos para que exijan a los grandes tenedores el desahucio de un piso okupado “con alteración de la convivencia”.
Asimismo, los entes locales podrán adquirir temporalmente el uso de la vivienda durante un plazo máximo de siete años y deberán destinarla a políticas públicas de alquiler social. Con esta normativa, los desahucios serán una competencia de los ayuntamientos y administraciones competentes. El piso ocupado debe ser de un gran propietario, que se haya desentendido de las reclamaciones y que esté acreditado por la policía o el municipio que existe un problema de convivencia con el piso okupado.
Tanto la CUP como En Comú Podem rechazaron el proyecto y votaron en contra de la proposición de ley. Entidades sociales como la PAH criticaron la ley porque vulnera los derechos humanos. Defendieron que el texto es un despropósito absoluto, electoralista y que favorecerá desahucios de familias vulnerables.
Mollerussa, Tàrrega, La Seu o Les Borges, las más afectadas
En 2021 se contabilizaron un total de 243 denuncias en las comarcas leridanas por okupación ilegal de viviendas. Entre los municipios con más denuncias por okupaciones se encuentran Mollerussa, con 19 casos conocidos, Tàrrega, con once; La Seu y Les Borges Blanques, con nueve cada una; y Balaguer, con siete denuncias. En Alcoletge se registraron siete denuncias en 2021, cuando en los dos años anteriores no hubo ninguna.
Agramunt pasó de un caso en 2019 a cinco en 2021. Según los datos del ministerio del Interior, en los últimos cinco años los casos de okupaciones se han multiplicado por cinco, con una media ya de una veintena al mes. Entre enero y abril de 2022 se tuvo conocimiento de 83 okupaciones en las comarcas leridanas, cifra que fue de 97 en el mismo periodo de 2021.
