Capitales del llano prevén instar al menos 120 desahucios con la nueva ley

La ley contra las okupaciones que el Parlament aprobó el miércoles abre la puerta a que municipios de Lleida pidan el desahucio de al menos 120 viviendas de grandes tenedores en las que hay okupas conflictivos. Alcaldes y sector inmobiliario celebran la normativa, aunque estos últimos lamentan que las comunidades de vecinos no puedan actuar.

Capitales de comarca de Lleida prevén pedir con la nueva ley el desahucio de al menos 120 viviendas con okupas conflictivos y que son propiedad de grandes tenedores.El texto aprobado el miércoles en el Parlament permite que los ayuntamientos pidan a los propietarios que desalojen estos pisos en 30 días y, si esto no ocurre, podrán instar al desahucio en el juzgado. Además, los municipios tendrán la potestad de destinar estos pisos a alquiler social durante 7 años. Alcaldes celebraron ayer la nueva normativa, del mismo modo que colegios y asociaciones de agentes inmobiliarios.

No obstante, estos lamentaron que resta capacidad de maniobra a las comunidades de propietarios, que solo podrán pedir a los ayuntamientos que insten los desahucios.En Lleida ciudad, tras una primera valoración, la Paeria calcula que hay una veintena de casos en los que se podría aplicar la normativa. Por su parte, la alcaldesa de Les Borges, Núria Palau, señaló que en su municipio “hay un bloque de 72 pisos donde las okupaciones son contínuas”. “Precisamos de un instrumento que dé una solución y esta ley puede serlo aunque aún quedan muchos pasos por dar”, señaló Palau.

El primer edil de Mollerussa, Marc Solsona, señaló que los ayuntamientos estaban “muy desamparados” ante las okupaciones. En la capital del Pla hay más de 50 pisos okupados, aunque Solsona dijo que se tendrá que analizar “caso por caso”. En Tàrrega hay 32 viviendas okupadas, aunque solo en un caso tienen constancia de que sea propiedad de un banco.

En Balaguer hay identificados al menos una quincena de pisos en esta situación y el edil de Asuntos Sociales, Kevin Bruque, aseguró que la normativa “está muy bien porque permite mover ficha a los ayuntamientos cuando existe un peligro de convivencia en una comunidad de vecinos”. Además, insistió en que hay que valorar muy bien la normativa para que no perjudique las okupaciones de familias vulnerables. La afectación de las okupaciones en el Pirineo es menor y actualmente se concentra en La Seu, donde con podrían instar el desahucio de una quincena de pisos.

La Paeria ya trabaja para adaptar los procesos abiertos a la normativa

El teniente de alcalde responsable de Urbanismo del ayuntamiento de Lleida, Toni Postius, valoró muy positivamente la aprobación de esta ley. Indicó que, a la espera de conocer su texto definitivo, su departamento ya ha comenzado a trabajar para adaptar a esta normativa todos los procedimientos abiertos sobre inmuebles en los que hay okupas. “Recopilaremos todos los casos en los que puede aplicarse”, señaló.

Detalló que la normativa actual solo posibilitaba que los ayuntamientos adoptaran medidas sobre cuestiones como el mal estado de los edificios o la falta de servicios básicos como luz y agua, pero no directamente sobre las ocupaciones conflictivas. Además, las sanciones que podían imponerse a los propietarios eran de entre 300 y 3.000 euros, importes que se disparan con la nueva ley. Postius avanzó que la Paeria requerirá a los grandes propietarios de pisos con okupas conflictivos que adopten acciones legales en 30 días y, en caso de que no lo hagan, actuará subsidiariamente y, asimismo, habilitará un canal de comunicación para que comunidades de propietarios puedan notificar al consistorio este tipo de situaciones para que pueda actuar subsidiariamente.

Por último, apuntó que esta ley permitiría atajar casos de “mobbing” inmobiliario -basado en facilitar el acceso a okupas incívicos- por parte de grandes propietarios a inquilinos de pisos de renta antigua.

La nueva norma entrará en vigor en las próximas semanas

La nueva ley contra las okupaciones que aprobó el miércoles el Parlament entrará en vigor en las próximas semanas. Fuentes del grupo de Junts indicaron que los letrados de la cámara catalana deben revisar el texto, que después se tiene que publicar en el boletín del Parlament y, en último lugar, en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Cuando esto suceda, la ley ya entrará en vigor. La normativa modifica la ley de derecho a la vivienda y el Código Civil para reclamar el desahucio de pisos de grandes tenedores con okupas conflictivos.