Ingresan en prisión 7 de los 20 detenidos en la operación de los Mossos contra el tráfico de marihuana en Lleida

Siete de los veinte detenidos en la operación de los Mossos contra el tráfico de marihuana en el llano de Lleida del 28 de febrero pasado han ingresado en la prisión, según el balance final hecho por la policía catalana. Los detenidos pasaron a disposición judicial el 2 de marzo y el juez decretó prisión para siete de los detenidos y libertad con cargos para el resto. En total se han intervenido 4.000 plantas, que se encontraban repartidas en once plantaciones ya desmanteladas. Los Mossos señalan que la estructura criminal dispuesta de funciones muy definidas para controlar las diversas plantaciones de marihuana que regentaban en naves industriales, locales y pisos. La investigación también ha acreditado que diez de los cultivadores residían de manera permanente en ocho plantaciones.

La investigación se puso en marcha el año pasado después de que los Mossos detectaran la implantación de un grupo criminal muy activo establecido en la demarcación de Lleida que traficaba con marihuana. El dispositivo policial, con quince entradas y registro en once naves industriales y locales y cuatro domicilios, se llevó a cabo el 28 de febrero con entradas en las poblaciones de Lleida, Bellvís (els Arcs), Tàrrega, Verdú, Guimerà, Artesa de Lleida, Torregrossa y Alfarràs.

En uno de los cuatro domicilios que se usaban como residencia se localizaron un total de 12 kilos secos de marihuana preparados para la distribución en bolsas precintadas de un kilogramo cada una y 1.530 euros en efectivo. Las plantaciones eran de menos plantas de las habituales, en ningún caso superiores a las 500. Según los Mossos, eso responde al hecho de que en caso de una eventual intervención policial, se reducen las pérdidas económicas sufridas por el grupo.

Más de treinta investigados

Durante el dispositivo policial se detuvieron 20 personas aunque el número total de investigados asciende a 33. En el entramado criminal, liderado por dos de los detenidos, había diferentes figuras y funciones y, según la policía catalana, tenía una estructura consolidada jerárquica "muy bien definida". Los dos líderes eran los encargados del diseño de la estructura criminal, que lo habrían puesto en funcionamiento con la colaboración directa de dos hombres que actuaban como facilitadores, tanto de vehículos como de naves industriales como de domicilios. También los proveían de la documentación necesaria para dar apariencia de legalidad de la actividad de la organización.

Además, había los 'constructores', que tenían un papel itinerante por el conjunto de las plantaciones para adecuar cada local o nave a las necesidades de las instalaciones. La investigación también los sitúa en la función de empaquetadores de los ovillos secos, ya destinados en venta. En este mismo nivel habría que situar a un electricista que, junto con su hijo, se encargaba de la parte eléctrica de la instalación, ya que la electricidad se obtenía de manera fraudulenta. Aparte, había los cultivadores, personas venidas de países del Este de Europa para trabajar en régimen de cierre absoluto durante los tres o cuatro meses que dura la fase de producción. La investigación ha acreditado que hasta diez de ellos residían de manera permanente en ocho plantaciones.