Prorrogan 6 meses la causa por las 64 muertes del geriátrico de Tremp

El juzgado de Instrucción 1 de Tremp ha prorrogado medio año la causa que se sigue contra la residencia Fiella de la capital del Pallars Jussà por un brote de Covid-19 que hubo en noviembre de 2020 que acabó con la vida de 64 de los 142 usuarios en un mes. Las dos imputadas, la exdirectora del geriátrico, R.N., y la exresponsable de Higiene Sanitaria, M.R.N.O., todavía no han declarado en el juzgado cuando el viernes se cumple un año de las primeras declaraciones de testigos. A las imputadas se las investiga por los delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio a los usuarios y por las condiciones de trabajo de los empleados tras la querella que interpuso contra ellas la Fiscalía de Lleida en febrero del año pasado.

La jueza sustituta que había en febrero declaró la causa compleja y la ha prorrogado seis meses, hasta principios de agosto. Precisamente, la causa se ha demorado, entre otros motivos, por un relevo de magistrados. Hace un año declararon como testigos los Mossos d’Esquadra que se hicieron cargo de la investigación, la entonces gerente de Salud en las regiones sanitarias de Lleida y el Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, y la directora que se encargó del centro cuando este fue intervenido por Salud, Elena Badia, que corroboraron que “hubo un descontrol total”, según informó el abogado Xavier Prats, que representa a tres familias de usuarios fallecidos y que en la causa de los trabajadores ejerce la acusación popular.

Posteriormente, fue el turno de los trabajadores. Una gran mayoría dijo que no había ningún tipo de control, no tenían material de protección, no había sectorización de los espacios, que solo tenían una mascarilla a la semana y que incluso encontraban a pacientes pidiendo ayuda en los pasillos. En su querella, la Fiscalía describió una residencia de los horrores en la que los internos pasaban hambre, sed y frío durante el brote.

Por ejemplo, decían que medicaban y tomaban la tensión a ancianos que llevaban días muertos. El centro no comunicó las muertes de ancianos a varias familias, que tuvieron conocimiento de ellas a través de vecinos. En otros casos, las familias, al no saber nada de sus parientes, acudieron al geriátrico y no supieron decirles dónde estaban.

Los buscaron ellos mismos por las habitaciones y los encontraron muertos.Otro caso que llegó a los tribunales es el de la Llar de Sant Josep de Lleida. En este caso, la Audiencia dictó el pasado septiembre el archivo definitivo de la causa contra el centro y contra quien era su directora. Les exculpó de la muerte de 36 residentes.