Piden 60 años por violar en grupo a una joven discapacitada en Rosselló

La Fiscalía solicita sendas condenas de 15 años de prisión –60 años en total– para los cuatro hombres que fueron detenidos en septiembre de 2021 en Rosselló como presuntos autores de la violación grupal a una joven de 16 años que sufre una discapacidad intelectual. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles en Audiencia de Lleida. El Ministerio Público les acusa de un delito continuado de agresión sexual a menor de edad.

Considera que uno de ellos es el autor material mientras que los otros tres fueron cooperadores y no evitaron la agresión. Los cuatro hombres, de 21 a 33 años, compartían un piso en el municipio. Ingresaron preventivamente a prisión tras pasar a disposición judicial.

Todos ellos son de origen magrebí, al igual que la víctima. Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 26 de septiembre de 2021, cuando la joven desapareció durante unas cuatro horas y su familia la buscó por la localidad del Segrià. La encontró una vecina, que la vio atemorizada.

Su hermana sospechó que había sido forzada porque no llevaba sujetador. La víctima le explicó que la habían subido en un coche y llevado a un descampado y un domicilio, donde la habrían forzado sexualmente en varias ocasiones. El presunto autor material y otro hombre fueron arrestados horas después tras la denuncia de los familiares de la víctima.

Los otros dos sospechosos fueron detenidos al día siguiente por la noche por ser supuestamente testigos de la agresión sexual y no haber hecho nada para impedirla. El juez de guardia decretó el ingreso preventivo en prisión de los cuatro arrestados tras pasar a disposición por un delito de agresión sexual. Se negaron a declarar.

Posteriormente, tres de ellos -todos salvo el supuesto autor material- recurrieron la decisión, pero la justicia mantuvo la cárcel por la gravedad del delito y el riesgo de fuga. Tras conocerse el caso, centenares de vecinos de Rosselló participaron en manifestaciones para condenar los hechos. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que se les imponga la expulsión del Estado durante diez años una vez hayan cumplido tres cuartas partes de la condena, la prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima durante un año más al tiempo de la condena y la prohibición de tener un empleo en el que se mantenga contacto con menores durante ocho años y de tenencia de armas durante seis años. También que indemnicen a la víctima con 15.000 euros por los daños morales ocasionados.