Catalunya y Aragón piden al Ministerio de Transportes que cumpla con los servicios de la línea Lleida-Monzón-Zaragoza

Los gobiernos de Catalunya y Aragón han pedido conjuntamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que asuma las obligaciones de servicio público en relación a la línea de tren de media distancia que transcurre entre Lleida y Zaragoza por Monzón. En una carta enviada el pasado mes de marzo a la secretaria general del ministerio, Maria José Rallo, el secretario de Movilidad e Infraestructuras del Govern, Marc Sanglas, y el director general de Transporte de Aragón, Gregorio Briz, también reclaman la reapertura de la estación de Almacelles (Segrià) y la redacción de un proyecto constructivo, como en complemento de la oferta ferroviaria entre Monzón y Lleida a partir de la "importante relación de movilidad existente en este corredor".

Actualmente sólo se prestan 2 servicios regionales al día por sentido entre Lleida y Zaragoza que están incluidas en el contrato entre la Administración General del Estado y Renfe, y uno del cual permite la conexión con Madrid. El tercer servicio, que conectaba Zaragoza con Monzón y Lleida, a primera hora de la mañana, y volvía a primera hora de la tarde, dejó de ser sufragado por el contrato con el gobierno de Aragón y por lo tanto, se dejó de prestar a partir del 29 de noviembre de 2021. Desde entonces, este mismo tren sólo circula entre Zaragoza y Binéfar.

Según los gobiernos catalán y aragonés, la falta de este tercer servicio entre Zaragoza y Lleida, con parada en Binéfar, genera un "grave perjuicio" a los ciudadanos de ambos territorios, ya que impide el uso del tren para atender sus "necesidades de movilidad obligada y de servicios" a partir de la gran vinculación que hay entre los municipios de la Franja con Lleida. Por eso, entienden que la supresión de este servicio va en contra de las actuaciones que se están haciendo para potenciar el transporte público y la movilidad sostenible y supone un "retroceso" en la oferta ferroviaria existente. Por este motivo, los gobiernos piden que se vuelva a poner en funcionamiento, con cargo al contrato entre el Estado y Renfe, como un servicio sometido a obligaciones de servicio público.