Un 90% de sentencias en castellano pese a las medidas del Govern

El uso del catalán en la Justicia sigue sin avanzar pese a las medidas tomadas para revertir esta situación. Según los datos publicados por el departamento de Justicia, el año pasado solo el 10,8% de las sentencias redactadas en los tribunales leridanos fueron en catalán. Es la misma prácticamente la misma cifra que en 2021, cuando fueron el 10,9% del total.

Concretamente, el año pasado se registraron 1.417 sentencias en catalán en las comarcas leridanas, frente a las 1.419 de 2021. Además, se registró un ligero repunte de los fallos escritos en castellano, hasta un total de 11.704, lo que supone un aumento de cerca del 1% respecto al año anterior. Respecto al resto de provincias catalanas, Lleida se mantiene como la segunda con el porcentaje más elevado de sentencias en catalán, por detrás de Girona, donde el año pasado representaron el 15,6% del total.

También está por encima de la media catalana, que reculó el año pasado al 6,6%, hasta un total de 17.913 fallos redactados en lengua catalana. En la demarcación de Barcelona, el porcentaje se situó en el 5,8% y en las comarcas de Tarragona, en el 2,4%. En la última década, como ya publicó SEGRE, los jueces leridanos han dictado un 58% menos de sentencias en catalán, mientras que los fallos en castellano han ido en aumento en estos años.

Concretamente, en el ejercicio de 2013 se redactaron 3.372 sentencias en catalán en los órganos judiciales de la provincia de Lleida, lo que representa el 30% del total de sentencias. Un porcentaje que el año pasado cayó al 10,8%.

Becas y bonificaciones para revertir la situación

La conselleria de Justicia presentó en junio del año pasado el primer paquete de medidas para revertir la situación del catalán en la justicia, como otorgar becas a los estudiantes de Derecho de Catalunya para opositar a la carrera judicial y fiscal.

También incentivó el uso del catalán en el turno de oficio. En este sentido, profesionales del turno de oficio inscritos voluntariamente en este programa reciben una bonificación de 20 euros adicionales por cada actuación que hagan en esta lengua y, a la vez, asumen el compromiso de hacer efectivo el derecho de opción lingüística de sus defendidos. También se puso en marcha el nuevo portal jurídico catalán Compendium.cat.

A finales de marzo, la abogacía mostró su indignación después de que un letrado de la Administración de Justicia –secretario judicial– de los juzgados de Cervera dictara un requerimiento para que un abogado tradujera un escrito en catalán al castellano. Un escrito que fue rectificado por el propio juzgado al admitir un “error involuntario”. La consellera de Justicia, Gemma Ubasart, ya ha reclamado a la ministra de Justicia publicar el BOE en catalán e insistió en aprobar reformas para exigir el conocimiento de las lenguas oficiales como requisito para poder ejercer en el ámbito de la justicia.