La Sindicatura estima el sobrecoste del Segarra-Garrigues en casi 300 millones

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la contratación y el exceso de costes en la construcción del canal Segarra-Garrigues encargado por el Parlament en 2017 y publicado ayer concluye que hasta 2016 hubo una desviación del presupuesto de 212,95 millones de euros, un 22,1%. El documento, de más de 200 páginas, analiza las desviaciones “económica, temporal y en el uso” del canal, en el sentido de que de las 70.150 hectáreas previstas, que se redujeron a menos de 65.000 por la declaración de zonas de protección de las aves, solo estaban en disposición de regar en 2016 unas 15.100 hectáreas (ahora son 21.896).

La Sindicatura ha analizado los cuatro primeros sectores de la red secundaria de regadío construidos (en 2016 eran los que estaban en fase más avanzada) y concluye que tuvieron sobrecostes de un 143,2%; un 58,2%; un 140% y un 61%. El cálculo deriva de la diferencia entre el coste medio por hectárea según la previsión inicial y la inversión acumulada a 31 de diciembre de 2016 multiplicada por las hectáreas construidas entonces. En cambio, la Sindicatura estima que la variación del importe de la previsión de ejecución total del canal respecto a la previsión inicial es de 294,6 millones de euros, solo un 16,5% más.

Esto implica que de los 1.782,21 millones de euros iniciales (444 del canal principal que construyó el Estado y 1.337 de la red de regadío) se pasará previsiblemente a 2.076,81 millones de euros. Esta cifra contrasta con los datos que baraja la propia Generalitat. En 2018, el ejecutivo catalán estimó que el sobrecoste de su parte de las obras se elevaba entonces a 259 millones de euros, un 28% del total.

La cifra no incluye la parte estatal de las obras que sí tiene en consideración el informe de la Sindicatura.En cuanto a la “desviación temporal”, el documento señala que la previsión inicial situaba el fin de las obras en 2012, si bien admite que las sentencias de la UE contrarias al canal por la afectación a las poblaciones de aves protegidas obligaron a modificar el proyecto (se recortó en unas 5.000 hectáreas de regadío) y explican buena parte del retraso.

Ofrece abrir un expediente por las puertas giratorias en el canal

El informe de la Sindicatura pone también sobre la mesa uno de los casos de puertas giratorias que se han dado en los últimos años entre políticos y altos cargos de empresas, en este caso, entre la Generalitat y la adjudicataria de las obras a principios de la década del 2000. “Uno de los consejeros de Regsega y subdirector general del departamento de Acción Climática (antes Agricultura) se incorporó como director y apoderado de la empresa ASG dentro del periodo legal de incompatibilidad del personal, fijado en dos años”, según la ley, relata el informe.

“La competencia para iniciar el expediente sancionador, si se da el caso, corresponde al conseller o consellera competente en materia de función pública”, concluye.Se trata de Josep Antoni Rosell, imputado además por el caso 3% de financiación irregular de CiU. Como subdirector general de Agricultura, diseñó la adjudicación de la parte autonómica del proyecto en 2002. Después de la llegada del tripartito a la Generalitat en 2003, entró en ASG y cuando CiU regresó al Govern, Rosell volvió de nuevo a la pública y fue director general de Infraestructures.cat (antes Gisa, que englobó a Regsa y Regsega).

La Generalitat atribuye el desvío a una red de riego mayor a la inicial

La Generalitat presentó el pasado febrero alegaciones al informe de la Sindicatura y en ellas admitió un desvío presupuestario que atribuyó a que la red de regadío que se ha ejecutado finalmente es mucho mayor a la prevista como consecuencia de que las parcelas son menores. Esto implica, según fuentes cercanas a la obra, un número mucho mayor de material y kilómetros de tuberías. El escrito de la Generalitat destaca también que el informe no tiene en cuenta la actualización de precios.

Por otra parte, remarca el peso de los costes financieros en la inversión final. Por ejemplo, en el caso de la parte estatal del canal, con un coste de 444 millones de euros que debía pagarse al 50% entre Estado y comunidad de regantes.Ante el bloqueo del compromiso de los regantes a asumir este pago, la Generalitat avanzó el 50% por cuenta de los agricultores (firmó un convenio en esta línea en 2006) pero hubo que afrontar 134 millones de coste financiero, según el escrito de la Generalitat. De hecho, el impago de varios importes al Estado por la parte de las obras que debía cubrir llevó a ambos a los tribunales y en 2020 la Generalitat acordó abonar al Estado más de 35 millones.