Vertedero a la vista

Desde el mirador de la ermita de Sant Joan de Almatret puede verse el vertedero de Riba-roja. Está a unos tres kilómetros del pueblo. Las manifestaciones y protestas en el sur del Segrià y la Ribera d’Ebre contra este depósito de residuos no impidieron que entrase en servicio en 2020. La lucha siguió en los tribunales, pero una sentencia del TSJC ha ratificado este mismo mes los permisos de esta instalación. Ahora, el proyecto de un segundo vertedero a 6 kilómetros de Almatret está sobre la mesa de la Generalitat. Es el previsto en Seròs, que un nuevo promotor vuelve a tramitar después de que sentencias anulasen la autorización ambiental y urbanística que el Govern había otorgado una década antes. El ayuntamiento y los vecinos se oponen a él, igual que los municipiosdel Segrià que en su día se movilizaron contra el de Riba-roja. Sin embargo, esta vez no hay manifestaciones en las calles ni pancartas en los balcones. “Estamos cansados y decepcionados”, explica Montserrat Duaigües, vecina de Almatret. Es un diagnóstico que comparten otros habitantes del pueblo. “Estamos en contra de que nos traigan basura de Barcelona, pero es una causa perdida, al final hicieron el vertedero de Riba- roja”, afirma Anna Estruch, mientras que Maribel Florensa apunta que la Covid pudo contribuir a dejar en un segundo plano las protestas. “Somos pocos, ningún partido se pone de nuestra parte por nuestros cuatro votos”, lamenta otro vecino. El rechazo al vertedero de Seròs solo se ha materializado hasta ahora en 12 alegaciones ante la Generalitat, menos que el medio centenar que recibió cuando se tramitó por primera vez. Esta desmovilización vecinal y el desánimo que la provoca son inéditos en las comarcas leridanas, donde cada proyecto para traer residuos de fuera de la provincia había chocado hasta ahora con una dura oposición. Antes de que el vertedero de Riba-roja empezase a funcionar, el rechazo de alcaldes, vecinos y ecologistas frustró otros en Llardecans, Torres de Segre, Gimenells y Vinaixa. Otros proyectos para obtener energía a partir de residuos en Lleida son objeto de oposición. Uno de ellos es el de Nova Tracjusa, que plantea obtener gas de residuos y usarlo como combustible para secar purines en la planta de Tracjusa de Juneda, en lugar de quemar gas natural como hasta ahora. En Linyola, el proyecto de una gran planta de biometano ha chocado con el rechazo de vecinos y consistorio.

Rechazo a proyectos para obtener energía de residuos

El proyecto de Nova Tracjusa de Juneda obtuvo el visto bueno ambiental de la Generalitat en 2021, poco antes de que esta área del Govern pasase de la conselleria de Territorio de Junts a la de Acció Climática, en manos de ERC. Esta última ha tratado desde entonces de reconducir la propuesta inicial de acuerdo con los promotores, más de un centenar de ganaderos agrupados en la cooperativa GAP. La alternativa se ha bautizado como Biogap y aún no ha iniciado su tramitación. Prevé multiplicar el tratamiento de purines y producir biometano, así como hidrógeno verde. Sin embargo, las entidades ecologistas y la plataforma vecinal mantiene su oposición porque mantiene la gasificación de residuos. Los contrarios la califican de incineración y temen que suponga contaminación del aire, algo que los promotores niegan. En Linyola, el ayuntamiento considera una “grave amenaza ambiental y social” la planta que el grupo danés CIP promueve en este municipio para obtener biometano de residuos orgánicos. En esta misma localidad, una planta de compostaje para una granja ya existente provocó protestas entre los vecinos en 2022. El promotor se comprometió a tratar solo las deyecciones de sus propias vacas.