Tardan 12 años en llevar a juicio a dos acusados de clonar tarjetas

La Guardia Civil detuvo el 20 de agosto del año 2011 en la aduana de La Farga de Moles a dos hombres de nacionalidad rusa y lituana acusados de clonar tarjetas de crédito. Casi doce años después está previsto que el caso llegue a juicio el próximo miércoles en la Audiencia Lleida. Aunque su celebración es una incógnita. El juicio ya se suspendió en octubre de 2019, como informó este periódico. Lo que está claro que es un caso en el que los acusados podrían beneficiarse de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La Fiscalía solicita para los dos hombres sendas condenas de siete años de prisión por los delitos de falsificación de tarjetas de crédito (cinco años) y contrabando (dos años).

La Guardia Civil les detuvo la mañana del 20 de agosto del año 2011 en la aduana. Registraron su vehículo y hallaron un grabador de tarjetas de crédito y débito, un ordenador personal con el programa informático apto para hacer la clonación, 21 tajertas con la banda magnética en blanco y 17.900 euros en billetes de 500, 100 y 50 euros, según el escrito de acusación del Ministerio Público. Tras su detención, la Guardia Civil abrió una investigación para determinar si los procesados formaban parte de una banda organizada.

Con el material intervenido, los dos acusados podrían haber clonado una veintena de tarjetas después de obtener la documentación de tarjetas reales y utilizarlas para efectuar compras y sustraer dinero de cuentas corrientes a través de internet sin que sus titulares fueran conscientes del fraude. Por otra parte, también está previsto que el próximo jueves la Audiencia juzgue a un hombre acusado de manipular documentos que utilizó para estafar a la sección Civil de este órgano en un proceso judicial. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el acusado era el legal representante de una empresa de agroganadería y “con ánimo de enriquecimiento injusto” y aprovechándose de una tercera persona que padecía Alzheimer, le manipuló para que firmara unos documentos con la fecha alterada. A causa de dichos documentos, la Audiencia estimó el recurso interpuesto contra una sentencia. El juicio debía celebrarse el pasado diciembre pero se suspendió. La Fiscalía pide una condena de tres años de prisión.