JUSTICIA CONFLICTO LABORAL
Los funcionarios seguirán en huelga tras un millar de juicios suspendidos
Pese a que la asamblea de Lleida había decidido aplazarla hasta que haya un nuevo Gobierno por un voto de diferencia || Iniciaron las movilizaciones el 17 de abril
Los funcionarios de la administración de Justicia que participaron ayer en la votación abierta por el comité de huelga - integrado por los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ-, apoyaron mantener el parón indefinido a pesar del estancamiento de las negociaciones con el ministerio que lidera Pilar Llop. La huelga se mantendrá a pesar de que la asamblea de Lleida decidió aplazar la huelga hasta que haya un nuevo Gobierno por solo un voto de diferencia. Según informaron los sindicatos, 62 funcionarios votaron a favor de aplazar los paros, manteniendo el conflicto con otras movilizaciones y medidas de presión, y otros 61 apoyaron continuar la huelga indefinida, evaluando a diario la situación y el impacto del periodo de vacaciones.
Pese a la decisión en Lleida, el paro seguirá en los juzgados. Hasta la fecha, se han suspendido un millar de juicios en los tribunales leridanos a causa de la huelga de funcionarios. A estos habría que añadir las 470 vistas aplazadas por los dos meses de parón que hicieron los Letrados de la Adminsitración de Justicia (secretarios judiciales) a inicios de año.
Solo en la jornada de ayer, el paro obligó a suspender 35 actuaciones judiciales en Lleida. Los sindicatos señalaron que han sido más de 50 días de conflicto, con la declaración de huelga parcial desde el 17 de abril, que se convirtió en indefinida el 22 de mayo. También se han hecho movilizaciones desde entonces en las puertas de la Audiencia de Lleida y ante la subdelegación del Gobierno,así como en Madrid.
Tras el fracaso de la última reunión de la mesa de negociaciones, hace una semana, los sindicatos decidieron someter la decisión a las asambleas. Fuentes sindicales señalaron que la mayoría de provincias apoyaron ayer continuar la huelga. El comité reclama una subida salarial de hasta 430 euros mensuales, en línea con la acordada para los secretarios, jueces y fiscales; mientras que el ministerio ofreció su compromiso de seguir negociando tras las elecciones generales del 23 de julio.
Los sindicatos presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra y el secretario de Estado, Antonio Rodríguez, por incumplir su “obligación” de negociar.