Un viento a favor o en contra

Lleida, que lideró la electrificación de Catalunya hace un siglo, encabeza ahora la transición a las energías renovables. Los proyectos en marcha para centrales eólicas y solares en la provincia suman cerca de la mitad de la potencia proyectada en toda Catalunya: 1.651 de los 4.169 MW previstos. Su rápida proliferación suscita un intenso debate político y ciudadano sobre cómo deben implantarse.

Organizaciones agrarias, ecologistas y plataformas vecinales defienden limitarlas y proteger el suelo agrícola, especialmente el de regadío, mientras que el sector de las energías limpias pide derogar limitaciones que cree injustificadas y favorecer la instalación de molinos de viento y paneles fotovoltaicos. Estas decisiones dependen en gran medida de la Generalitat, competente en materia de aurtorización ambiental y urbanismo. Sin embargo, el Estado tiene mucho que decir al respecto, y el resultado de las elecciones del 23 de julio puede condicionar el rumbo de la transición energética.

En primer lugar, el Gobierno español tiene la competencia para autorizar las mayores plantas, las de más de 50 MW de potencia. Su criterio para otorgar licencias es distinto al de la Generalitat: esta obliga a los promotores a informar a los ayuntamientos, obtener acuerdos con el territorio y ofrecer una participación a los vecinos. El Estado, en cambio, no exige nada de esto.

Esto ha hecho que algunas empresas hayan fusionado en Lleida proyectos de parques eólicos y solares para sumar más de 50 MW y eludir requisitos del Ejecutivo catalán.Sin embargo, el Estado ha demostrado ser más lento al tramitar estas instalaciones, con proyectos que superan los dos años de espera. Además, rechazó meses atrás el primer parque eólico que tramitó en Lleida debido a su impacto ambiental. Se trata del de Suró, que planteaba doce molinos de viento en la Segarra.

De los 79 proyectos de energías limpias en curso en la provincia (68 centrales solares y 11 eólicas), solo cinco por ahora son ahora de competencia estatal.En segundo lugar, toda la legislación del sector eléctrico es de competencia estatal. En base a ella, el Estado se ha reservado la potestad de adjudicar casi toda la capacidad disponible para conectar centrales eólicas y solares de más de 5 MW a las líneas de alta tensión de Red Eléctrica en Lleida. Las políticas del Gobierno español tienen también un papel decisivo en el desarrollo de las renovables, y pueden tanto espolearlas como frenarlas.

Un ejemplo reciente es el impuesto del sol establecido por el Gobierno del PP. Cuando el PSOE lo derogó en 2018 se dispararon las instalaciones de paneles solares de autoconsumo eléctrico. En Lleida ya hay más de 5.000 (ver desgloses).

Asimismo, en el último año el Ejecutivo socialista ha ampliado de 500 a 2.000 metros el escaso límite de distancia que había frenado hasta ahora el autconsumo compartido. En la pasada década, la aprobación y la supresión de primas e impuestos a las renovables condicionaba su desarrollo, hasta el punto que un tijeretazo a la retribución de las energías limpias en 2012 llegó a frenar por completo decenas de proyectos durante años. El PP ha incluido en su programa electoral una nueva tasa por la tramitación de molinos y paneles solares.

Al margen de Estado y Generalitat, cada vez más ayuntamientos leridanos los regulan por sí mismos, a través de ordenanzas y planes urbanísticos. Ya son más de una docena en Lleida.

Crece el autoconsumo en Lleida, que supera las 5.000 instalaciones

Lleida ha experimentado un rápido crecimiento de instalaciones de autoconsumo en los últimos años, superando ya las 5.000 y una potencia conjunta de 50,49 MW.

La derogación del impuesto al sol en España el 2018, que tasaba a todos los consumidores propietarios de pequeñas instalaciones, ha favorecido el poder dejar atrás su estancamiento. Asimismo, cada vez más ayuntamientos incentivan este tipo de instalaciones mediante rebajas tributarias, lo que se suma a avances legislativos que permiten compensar los excedentes de producción, menos trabas burocráticas, así como líneas de ayudas del fondo Next Generation de la UE. En la misma línea, en los últimos años se ha incrementado de 500 a 2.000 la distancia límite para que distintas personas puedan beneficiarse de una misma instalación, lo que ha democratizado aún más esta tecnología.

A nivel de Catalunya, el año 2022 cerró con 60.208 instalaciones de autoconsumo que sumaban 466,59 MW. Dos terceras partes de estos equipos fueron instalados ese mismo año, multiplicando por 3 los datos del 2021. En este sentido, el Govern tiene como objetivo que se alcancen las 500.000 para 2050.

Por otra parte, ayuntamientos y empresas temen que no haya profesionales suficientes para ejecutar algunos proyectos que han obtenido subvenciones. Esto se suma también a demoras en la entrega de materiales, que afecta tanto a grandes proyectos como instalaciones más modestas, lo que puede ralentizar el despliegue de las renovables en Catalunya.