Una tormenta eléctrica perfecta

Nuevos proyectos para líneas de alta y muy alta tensión (MAT) se han sumado en los últimos años a otros que llevan décadas esperando a materializarse en las comarcas de Lleida. Su proliferación provoca recelo allí donde se plantean. El impacto paisajístico, servidumbres que condicionen la actividad económica e incluso el temor a posibles perjuicios para la salud humana son motivos de oposición vecinal y ecologista.

Frente a estas objeciones, el sector eléctrico defiende que es necesario reforzar la red eléctrica para garantizar un suministro de calidad y hacer posible el desarrollo de las energías renovables. El nuevo Gobierno tras las elecciones del 23 de julio deberá decidir sobre muchas de estas infraestructuras eléctricas. El futuro Ejecutivo español deberá aprobar en un máximo de tres años su nueva planificación de líneas de transporte de energía.

Su construcción corresponderá a Red Eléctrica de España (REE), empresa participada por el Estado. El actual plan, en vigor desde 2021, mantiene en suspenso hasta más allá de 2026 la polémica autopista eléctrica, la línea de 400 kV que debe interconectar España y Francia a través del Pirineo aragonés. Este proyecto tiene ramificaciones en líneas leridanas, cuya potencia prevé aumentar, y es objeto de oposición desde finales del siglo pasado.El plan estatal de 2021 incluye también ampliar en tres años la subestación de Adrall y construir una nueva línea de 220 kV desde allí hasta Andorra para reforzar el suministro eléctrico del Principat.

Este proyecto supone sustituir la actual línea de 110 kV y no ha sido cuestionado hasta ahora en el Alt Urgell. El Gobierno español descartó hace dos años la MAT que debía construir Red Eléctrica en el Pallars Jussà tras años de protestas del territorio. Sin embargo, otra línea de muy alta tensión la ha relevado, con un trazado similar al de su predecesora.

Se trata de una línea de 400 kV que proyecta en la comarca el grupo Forestalia. Esta firma plantea construir tres MAT en Catalunya, dos de ellas en Lleida, para suministrar a Barcelona la electricidad que producirán parques eólicos y solares en Aragón. Al tratarse de infraestructuras en terrenos de dos comunidades autónomas, su tramitación corresponde al Gobierno español.

La del Pallars Jussà recibió en junio el visto bueno del Estado, pero la construcción del tramo leridano está condicionada a que la Generalitat emita un informe ambiental favorable. La segunda línea, que cruzaría el llano de Lleida, está pendiente de resolución.Otros tendidos de alta tensión y subestaciones ligadas a parques eólicos y grandes centrales solares están en trámite en Lleida. Ejemplo de ello es la línea que Ignis y Solaria promueven para transportar hasta Lleida la electricidad que deberán generar las más de 650 hectáreas de paneles solares previstos en Alcarràs.

Su autorización corresponde a la Generalitat. En cambio, la que deberá evacuar la energía de las centrales solares BCN Solar 1 y 2, que afecta a municipios del Urgell, deberá recibir autorización del Estado.El destino final de esta energía suele estar muy lejos de donde se produce, y esto genera oposición vecinal. A menudo se considera un nuevo tipo de economía extractiva que contribuye al desequilibrio y tiene pocas contrapartidas para los territorios que acogen las torres y cables necesarias para poner en marcha grandes concentraciones de paneles solares y molinos de viento.

La justicia ratifica una tasa que las eléctricas rechazan pagar en Lleida

La justicia ha ratificado la tasa que una treintena de ayuntamientos de Lleida aplican a las compañías eléctricaspor las líneas y otras instalaciones que atraviesan terrenosmunicipales. Se trata de un gravamen que las empresas han rechazado pagar en los últimos años, en el marco de una larga serie de litigios en los tribunales que se prolonga desde hace más de una década. Nuevas sentencias en los últimos meses han dado la razón a los consistorios.Los ayuntamientos tuvieron que litigar durante años con las eléctricas para poder cobrar al fin esta tasa entre 2016 y 2020.

En este periodo, recibieron entre 12.000 y 70.000 euros anuales. Esto terminó en diciembre de 2020, cuando una sentencia del Supremo avaló el derecho de los consistorios a cobrar por estas infraestructuras en suelo público, pero rechazó que aplicasen un mismo tipo impositivo a las torres eléctricas y los cables que penden de ellas. En base a ese fallo, las eléctricas rechazaron liquidar la tasa a partir de 2021, y los ayuntamientos cambiaron sus ordenanzas para adaptarlas a la sentencia, para aplicar tipos impositivos distintos a cables y torres.

Finalmente, diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya empezaron a ratificar en abril las ordenanzas fiscales de municipios leridanos como Esterri de Cardòs, Seròs o Tírvia. A ellas se suma un fallo del Supremo, también del pasado abril, que ha avalado las liquidaciones de esta tasa que emitió en 2018 y 2019 La Guingueta d’Àneu, y que suman 80.000 euros.