CARRETERAS PROYECTOS
Obras en una veintena de carreteras este verano y en septiembre, 5 más
La mayoría finalizan este mes e incluyen reforma del firme y una rotonda en la C-53
La Diputación lleva a cabo actualmente obras en 17 tramos de carreteras en la red viaria provincial de Lleida, a los que se suman los trabajos en la LV-7031 de Les Borges a Cervià de les Garrigues, mientras que la Generalitat tiene sobre la mesa este verano la construcción de una glorieta en la C-53 en Anglesola y la reforma del trazado del acceso a las pistas de esquí del Port del Comte desde la LV-4241 en el tramo de Coll de Jou, en Guixers. La mayoría de esta veintena de intervenciones finalizan este mismo mes de julio, mientras que el próximo mes de septiembre la Diputación contempla iniciar proyectos en Els Alamús, Vilanova de Segrià, la travesía de Anglesola, La Floresta y Puigverd de Lleida-Margalef. También se llevan a cabo trabajos menores como la mejora de un camino en la carretera de Mollerussa a Torregrossa (en la imagen).
En el caso de la red provincial, la Diputación adjudicó los proyectos de los 17 tramos en tres lotes que suman 93 kilómetros de carreteras en todas las comarcas del Pirineo y el llano con una inversión de 1,23 millones de euros. Entre otras vías figuran la LV-2012 y LV-2012 en Les Garrigues; la L-324 de Sant Ramon a Concabella; la LP-9132 en Vilanova de Meià; la LV-3344 en Bellpuig; la LV-4036 en Lles de Cerdanya o la LV-9121 a Llimiana.En cuanto a los proyectos de la Generalitat, la rotonda de Anglesola cuenta con un presupuesto de 306.000 euros con la previsión de iniciarse en junio y finalizar en otoño, mientras que la carretera de Guixers costará 1,3 millones de euros y tiene que estar finalizada este mismo mes.
La DGT avanza autovías de pago para 2024 y luego rectifica
El director general de Tráfico, Pere Navarro, afirmó ayer que en 2024 España deberá iniciar la implantación de peajes en las autovías “por imposición de Bruselas”.
Sin embargo, unas horas más tarde la Dirección General de Tráfico (DGT) lamentó la confusión y precisó que no disponen de “ningún tipo de información directa ni competencias atribuidas para poder pronunciarse” sobre esta cuestión. En un principio, el Gobierno planteó esta medida para 2024, aunque finalmente la aplazó.