Quién teme al lobo

Media docena de lobos viven en Catalunya y el año pasado se avistaron ejemplares en el Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Solsonès y la Alta Ribagorça. El actual Gobierno socialista lo incluyó en 2021 en la lista de especies protegidas, lo que impide cazarlos en toda España. Por su parte, el programa electoral del PP prevé alzar esta protección al norte del Duero.

Este es un ejemplo de las amplias competencias que el Estado conserva en materia de Medio Ambiente, pese a compartir parte de ellas con la Generalitat. El Ejecutivo español que surja de las elecciones del 23-J podrá decidir sobre numerosas cuestiones que afectan a Lleida: desde fauna salvaje y espacios naturales hasta la gestión de la basura urbana. La protección del lobo ha cosechado el aplauso de asociaciones ecologistas y el rechazo de organizaciones agrarias y ganaderos de montaña, contrarios también a la proliferación del oso el Pirineo.

Sin embargo, esta no es la única polémica relacionada con la fauna salvaje en Lleida en la que el Estado tiene un papel protagonista. Los agricultores afectados por la plaga de conejos reclaman al Gobierno español que autorice el uso de fosfuro de aluminio para controlar la proliferación de esta especie, que provoca graves daños a cultivos en las comarcas del llano. La normativa estatal permite usar este biocida para evitar que los conejos socaven infraestructuras como carreteras y vías ferroviarias, pero no para proteger fincas agrícolas.La Fundación Biodiversidad del ministerio de Transición Ecológica financia desde 2021 estudios previos para reintroducir ocho ejemplares de lince ibérico en el norte del Urgell y su entorno en la Segarra y la Noguera.

Todavía no hay una fecha establecida para hacerlo, pero no está previsto antes de 2024. Las entidades que elaboran estos estudios proponen incluir en el programa medidas adicionales para controlar la plaga de conejos, con el fin de favorecer la aceptación social del proyecto e implicar a la población local.Entre tanto, la caza sigue siendo la principal medida para reducir la población de conejos. La Generalitat ha declarado la emergencia cinegética en los municipios afectados y tiene la competencia de establecer cada año los periodos y las condiciones de cada temporada de caza.

Sin embargo, la actividad cinegética se rige en última instancia por la ley española de 1970. El motivo es que la Generalitat no ha hecho hasta ahora uso de sus competencias para aprobar una ley catalana, tal como han hecho el resto de comunidades autónomas para sustituir una norma estatal considerada hoy en día obsoleta en muchos aspectos tras más de medio siglo.Un caso muy distinto es el del impuesto a los residuos que el Gobierno español estableció el año pasado. La ley estatal supuso la eliminación del canon de residuos que la Generalitat cobraba desde hacía años por cada tonelada de basura depositada en los vertederos de Catalunya.

Solo en las comarcas leridanas recaudaba cerca de 7 millones de euros, que invertía en implantar la recogida selectiva de basura y campañas de sensibilización. El nuevo gravamen de Estado se aprobó pese a la campaña en contra del Ejecutivo catalán, si bien finalmente hubo acuerdo para que la Generalitat lo gestione en Catalunya, no ya como impuesto propio sino cedido. Generalitat y Estado han chocado también en otras cuestiones con implicaciones ambientales, como la planificación hídrica y la política energética.

El Estado solo aporta hasta un 15% del presupuesto de AigüestortesEl Gobierno español participa en la gestión del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el único de Catalunya. La administración estatal tiene cuatro representantes en el patronato del parque, en el que también tienen presencia la Generalitat, ayuntamientos, consells comarcals y diferentes asociaciones. Sin embargo, la aportación estatal a la financiación de este espacio protegido es una pequeña parte de su presupuesto total: entre 2019 y 2022 solo ha supuesto entre un 10% y un 15%, según datos de la Generalitat.

El Ejecutivo catalán aporta el resto del presupuesto, a excepción de algunos proyectos concretos que reciben también financiación de la Diputación. Las memorias anuales del Parc Nacional publicadas en los últimos cuatro años (la última es de 2021) destacan la “dependencia financiera” respecto a la Generalitat.Desde el año 2004 se han planteado diferentes propuestas de ampliación de este espacio protegido, si bien ninguna llegó a materializarse. El ayuntamiento de La Torre de Capdella ha puesto de nuevo esta cuestión sobre la mesa, al ofrecer a la Generalitat incluir 2.200 hectáreas de su término municipal en el Parc Nacional.

La tramitación necesaria para llevar a cabo cualquier ampliación requiere tanto la aprobacion de la Generalitat como del Gobierno español. De las 40.852 hectáreas de superficie actuales, la gran mayoría es de propiedad pública: un 49,8% son terrenos municipales, un 44,5% de la Generalitat y el 5,7% restante es de propiedad privada.