Soluciones contra la sequía

La sequía que arrastran las comarcas de Lleida, aliviada por las lluvias de junio pero con los ríos, que gestiona la Confederación Hidrográfica del Ebro, todavía en alerta o emergencia (caso de los Nogueras y el Segre, respectivamente), ha causado pérdidas millonarias en el campo que se deben compensar y que el nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones del 23-J tendrá que ratificar y distribuir, tanto las que procedan de fondos del Estado como las que vengan de la UE. El cierre del Canal d’Urgell el pasado 25 de abril, una medida sin precedentes en los 160 años de historia de la Casa Canal que dejó sin regar casi 50.000 hectáreas que se abastecen del Principal, ha marcado un antes y un después en la gestión de los recursos. El regadío se ha podido recuperar en esta zona in extremis, pero solo para las 9.500 hectáreas de arbolado, de modo que el cereal se ha quedado sin agua.

Los cultivos de cereal de secano, además, se han perdido y los de regadío dependientes de otras infraestructuras (Pinyana o Aragón y Catalunya, por ejemplo) se han salvado solo parcialmente. El Consejo de Ministros aprobó el 11 de mayo un real decreto ley para hacer frente a los efectos de la sequía con 2.200 millones para el sector primario y obras de abastecimiento en toda España. Un total de 636 responden a ayudas directas de las que 355 son para el sector ganadero, 5 para la apicultura y 276,7 se destinarán al campo.

Recientemente el ministerio de Agricultura ha detallado las ayudas que se repartirán entre los afectados, que serán de 275 €/ha de frutal y 43,5 €/ha al cereal de secano. Sindicatos, regantes y entidades agrarias de Lleida califican estas subvenciones de totalmente insufientes para cubrir las graves pérdidas. Los payeses han protagonizado varias movilizaciones en Lleida, Zaragoza y Madrid para exigir compensaciones que mantengan la actividad agraria.Por su parte, la Generatilat también ha establecido aportaciones para el campo por los perjuicios de la falta de agua en la fruta dulce, cereza y cultivos herbáceos tras destinar casi 12 millones a los forrajes.

En este caso, suman 80 millones de euros y se distribuyen en 5.800 euros por hectárea de frutal y 712 euros por hectárea de herbáceos de regadío (un subsector no contemplado en la orden estatal). También en este caso se consideran escasas. Además, la Unión Europea ha anunciado 81 millones de euros a distribuir entre los productores agrícolas de España afectados por la falta de recursos hídricos.Pero si en algún tema tendrá que mover ficha el nuevo Gobierno estatal es en su participación para financiar la modernización de riegos históricos como el Canal d’Urgell que sigue regando a manta como lo hacía hace más de siglo y medio a excepción de una pocas hectáreas donde se han instalado sistemas de presurización.

Esta actuación es vital para optimizar las reservas de los embalses de Rialb, en la actualidad bajo mínimos, y de Oliana con una capacidad total de 488 hectómetros cúbicos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado en más de una ocasión que el Gobierno socialista está dispuesto a participar en la financiación y que así lo ha expresado a los regantes del Canal d’Urgell. Por ahora, la conselleria de Acción Climática no ha arrancado ningún compromiso (ver desglose).

Gobierno y Generalitat han polemizado también de nuevo sobre las competencias de la gestión de la cuenca del Segre.

Inversión de 1.200 millones para modernizar el Canal d’Urgell

Modernizar las 70.000 hectáreas del Canal d’Urgell supondrá una inversón que supera los 1.200 millones de euros de los que la Generalitat está dispuesta a sufragar el 60%, en palabras del propio presidente del Govern, Pere Aragonès. La Generalitat lleva meses intentando cerrar un compromiso con el Gobierno socialista para poner en marcha las obras ya que tiene los proyectos redactados para adjudicar las obras en las primeras 10.000 hectáreas que comportarán una inversión de 138 millones de euros.

Será el nuevo Ejecutivo y el ministro de Agricultura que releve a Luis Planas el que anuncie la disposición para aportar el 40% restante para que se puedan comenzar los trabajos.