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El alcalde de Riu no puede vivir en el pueblo por el alto precio de la vivienda

Un problema que se extiende en el Pirineo y que motiva ya movilizaciones vecinales

El alcalde de Riu no puede vivir en el pueblo por el alto precio de la vivienda

El alcalde de Riu no puede vivir en el pueblo por el alto precio de la viviendaC. SANS

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El nuevo alcalde de Riu de Cerdanya, Abel Alfonsin (Junts), no puede vivir en el pueblo que gobierna debido al alto precio de la vivienda. El primer edil explica que esta localidad apenas tiene casas vacías y que las que quedan “sólo pueden permitírselas los ricos”. Este es un problema que se extiende en el Pirineo y que motiva ya protestas vecinales.

Abel Alfonsin es el nuevo alcalde de Riu de Cerdanya, pero no puede permitirse vivir en el municipio que gobierna tras las elecciones del 28 de mayo. El primer edil de Junts, de 31 años de edad, se dedica a construir piscinas y no le falta trabajo. Sin embargo, hay pocas casas vacías en el pueblo y las que quedan “se venden a precios estratosféricos, solo los ricos pueden permitírselas”, explica.

Por este motivo, cuando decidió emanciparse tuvo que dejar la localidad donde residió con su familia durante muchos años e instalarse en Isòvol, a 12 kilómetros, donde halló un inmueble al alcance de su bolsillo. Que un alcalde viva fuera del municipio que gobierna no es algo excepcional en Lleida. Sin embargo, esto suele obedecer a motivos laborales y familiares.

El hecho de no poder hacerlo por la carestía de la vivienda evidencia un problema que se extiende en el Pirineo y empieza a ser objeto de movilizaciones. La falta de casas y pisos asequibles se hace especialmente patente en la Cerdanya, el Alt Urgell y el Pallars Sobirà, donde los vecinos han creado plataformas e iniciado protestas. El 25 de junio, el Front Habitatge Pirineu cortó el Túnel del Cadí para denunciar este problema.

La entidad reclama a la Generalitat que extienda a todo el Pirineo la declaración de “zonas tensionadas” por el alto precio de la vivienda, como primer paso para limitar y regular los alquileres. Ahora solo la tienen La Seu, Puigcerdà, Sort y Tremp. Por su parte, el Sindicat d’Habitatge de la Cerdanya insta a limitar las viviendas de uso turístico y “poner fecha de caducidad” a las licencias ya otorgadas.

Pide a los ayuntamientos que “paralicen proyectos” de urbanizaciones que no se destinen a primeras residencias y frenen planes urbanísticos “para dirigir los municipios hacia un modelo de decrecimiento”. La proliferación de pisos de alquiler turístico, la escasez de casas vacías en buen estado mientras otras decaen abandonadas y la falta de vivienda social suelen señalarse como factores que contribuyen al problema de la vivienda en el Pirineo. En Aran, esta situación obliga a los trabajadores de temporada a pernoctar en caravanas.

«Me echan del piso para ganar más dinero»

Eloisa Prat es vecina de Bellver de Cerdanya y vive en un piso de alquiler desde hace 7 años. La propiedad, a través de una abogada, le comunicó en enero de 2022 que debía abandonarlo porque no le renovaba el contrato. Desde entonces ha obtenido prórrogas que concluirán en octubre.

“Me invitaron a irme”, explica. Asegura que ha pagado el alquiler “religiosamente” cada mes y que es “una inquilina ejemplar”. “Es una situación muy injusta y complicada psicológicamente” que provoca “una sensación de impotencia muy grande”, explica.

«No puedo permitirme vivir en el pueblo»

N ació en Puigcerdà y vivió muchos años con su familia en Riu de Cerdanya, donde ahora es el alcalde. Cuando decidió emanciparse buscó en vano una vivienda en el pueblo. “Resultó imposible”, dijo.

“Los precios son estratosféricos y no puedo permitírmelo, quedan muy pocas viviendas libres y sólo se las pueden permitir los ricos”, lamentó. Se estableció en Isóvol, a 12 kilómetros del pueblo que gobierna. Alfonsin está en el centro de la imagen, con el concejal David Mir a su derecha y a su izquierda Miquel Pons, miembro de la lista de Junts.

Tremp se suma a los municipios que ponen coto a los pisos turísticos

Tremp se sumó ayer a los municipios de Lleida que ponen coto a las viviendas de alquiler turístico. El pleno aprobó ayer una moratoria en la concesión de nuevas licencias de un año, un periodo en el que modificará su planificación urbanística para limitar y regular estos establecimientos. La propuesta del gobierno del PSC recibió los votos a favor de Junts y ERC y el único sufragio en contra de Pacte Local.

La alcaldesa, Sílvia Romero (PSC), detalló que hay 106 licencias de pisos turísticos en Tremp y que la nueva normativa buscará tanto “garantizar la calidad de los pisos turísticos” como frenar “la disminución de la vivienda de alquiler para nuestros ciudadanos”.

Polémica entre La Seu y Andorra por los trabajadores transfronterizos

Los trabajadores fronterizos han sido objeto de polémica entre el Gobierno de Andorra y el ayuntamieto de La Seu. El Cap de Govern andorrano, Xavier Espot, planteó la semana pasada que parte de los trabajadores en el Principat vivan en zonas fronterizas, para reducir así el crecimiento urbanístico del Principat.

Ayer le respondió el alcalde de La Seu, Joan Barrera. Avisó que “no permitiremos la llegada masiva de trabajadores que rompan el equilibrio de la ciudad”. A primera hora de la Tarde Espot declaró que sus palabras fueron objeto de “una mala interpretación” y que el modelo de crecimiento del país “debe continuar fomentando el modelo de residencia”.

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