La nueva Ley de alta montaña, que se quiere aprobar a finales de año, prevé un órgano que dé poder de decisión en el territorio

La futura Ley de alta montaña, que prevé someterse a información pública en marzo y podría aprobarse a finales de año, contempla un nuevo modelo de gobernanza. Así, se quiere reformular el Consejo General de Montaña y conseguir que sea el territorio el que tenga el poder de decisión. 

El ámbito de actuación de la norma será el del Alt Pirineu i Aran y las comarcas del Berguedà, Ripollès y Solsonès y tanto la nueva composición como el funcionamiento del órgano de gobernanza quede regido por un reglamento. Además, desde el Govern se creará este año una Oficina Técnica en la Alta Montaña que hará de observatorio de este territorio y detectará posibles actuaciones estratégicas, a partir de las cuales se conformará una plano que tendrá una vigencia de seis años.

El nuevo observatorio, que estará circunscrito en la oficina técnica, se encargará de elaborar una diagnosis de la realidad territorial para identificar retos y necesidades y extraer, cada año, un informe de conclusiones. Mientras, el plan de actuaciones estratégicas prevé garantizar una financiación plurianual de estas, con la idea de poder hacerle una planificación y ejecución más esmerada. Su aprobación provisional irá a cargo del Consell General de Muntanya -integrado por representantes de varios departamentos de la Generalitat, entes locales y organizaciones de sectores económicos y sociales- y, posteriormente, se elevará al Govern por qué dé el visto bueno definitivo.

La consellera de Territorio, Ester Capella, ha explicado el anteproyecto de ley en el marco de la reunión del consejo rector del Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alt Pirineu i Aran (IDAPA), que ha presidido. Se prevé que este nos continúe vigente y se refuerce, todo conviviendo con las tareas de la nueva oficina técnica, que se situará dentro de las comarcas de montaña. Así, el primer paso será el traslado de la unidad de la dirección general de Políticas de Montaña.

Capella ha explicado que el plan de acción de la Estrategia Pirineo se aprobará en marzo y actuará de prueba piloto de cara al despliegue de la futura ley. La consellera ha defendido "una relación entre la alta montaña y el resto del país en términos que vayan en la línea de la cooperación, la solidaridad y la equidad territorial" y ha dicho que se necesitan "instrumentos legales" para adaptar las "nuevas realidades y dinámicas territoriales". La titular del departamento de Territorio también ha resaltado la importancia de fomentar y dinamizar la alta montaña partiendo de su "singularidad" y ha defendido la sustitución de la actual ley, de 1983, para hacer frente a los nuevos retos sociales, económicos, ambientales e institucionales.

Los objetivos de la nueva Ley de alta montaña

La nueva ley quiere poner el acento en las herramientas de fomento y de desarrollo territorial. Todo, donante respuesta a los nuevos retos y necesidades de las zonas de montaña, así como también ajustando las políticas públicas a las especificidades de estos territorios. El objetivo es atraer capital humano a la alta montaña y favorecer el desarrollo de empresas y proyectos económicos, con puestos de trabajo más estables y no tan estacionales y apostando por la diversificación de la economía.

Con el fin de definir el ámbito de actuación de la nueva ley, se han establecido las comarcas como unidad de referencia. A partir de aquí, se han fijado varios criterios, como que más de un 60% de la superficie esté por encima de los 700 metros de altitud sobre el nivel del mar y que la pendiente media del terreno supere el 30%. También que haya más de un 40% de los núcleos con una población de menos de 50 habitantes y que un 40% de los pueblos estén por encima de los 750 metros. Por último, en el ámbito del Alt Pirineu i Aran se ha tenido en cuenta la distancia con las grandes capitales y el peso que tiene el sector servicios en la economía.