Vilagrà sitúa el Estatut de Municipis Rurals como una ley "robusta" para generar oportunidades

La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha definido el Estatut de Municipis Rurals como una herramienta "robusta" para revertir las problemáticas que vive el mundo rural y generar las oportunidades que merece. Lo ha dicho en la primera ronda de encuentros con las alcaldías rurales de Catalunya que ha iniciado en Barbens (Pla d'Urgell), donde se ha reunido con representantes de pueblos de Ponent. Finalizado el periodo de alegaciones, muchas reclaman poder ampliar el número de municipios que se podrían beneficiar de la ley y se que sólo entrarían los que no superan los 2.000 habitantes, un 62,2% de los que hay en Catalunya. El ejecutivo prevé aprobar en marzo el anteproyecto de ley y después lo introducirá en Parlament.

Vilagrà ha destacado que es un texto "innovador y pionero" que supone un "punto de inflexión" en el trato y la consideración de los municipios rurales. El objetivo es generar oportunidades por todas partes en un país "diverso", ha remarcado Vilagrà que también ha puesto en valor el papel que juega el mundo rural en la elaboración del estatuto. El Estatut de Municipis Rurals ha sido coordinado por la UB (Fundación Bosch Gimpera) y el grupo de trabajo para el estatuto con las entidades municipalistas (Micropueblos, ACM, FCM), Eines de Repoblament y varios departamentos de la Generalitat, entre los cuales, el de Acción Climática, Territorio y Economía y Hacienda.

Objetivos y municipios que se podrán beneficiar

Los objetivos del Estatuto de Municipios Rurales de Catalunya se basan en establecer un marco legal específico que favorezca la repoblación y el arraigo de las personas que ya viven allí con el fin de frenar la despoblación. También se pretende garantizar el acceso a recursos en igualdad de condiciones y conseguir el equilibrio territorial. El estatuto será un texto único en el ámbito de la regulación legal de estos municipios y quiere ser un "punto de inflexión" que suponga un nuevo régimen especial dentro del marco de actuación del Govern. 

En Cataluña hay 33 comarcas rurales donde un 15% o más de la población vive en pueblos con una densidad menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Se consideran municipios rurales también aquellos de menos de 2.000 habitantes que pertenecen a una de las comarcas urbanas que limitan con una comarca rural con un alto grado de ruralidad (densidad igual o menor a 90 habitantes por kilómetros cuadrados) y también los municipios que tienen una tasa de crecimiento negativa en los últimos 10 años.

Por otra parte, también está la categoría de municipios rurales de especial atención, que son los que tienen menos de 500 vecinos o si tienen una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, una tasa de crecimiento menor al 10% en los últimos 10 años y una tasa de envejecimiento superior al doble de la media catalana. Actualmente, en Catalunya hay 381 municipio rurales de especial atención (el 40%), 198 rurales (el 21%) y 368 urbanos (el 39%).

Más medios, autonomía financiera, beneficios tributarios y apoyo a la actividad económica

La aplicación del estatuto tiene que suponer el establecimiento de unos principios generales que informan sobre el ordenamiento jurídico y que tienen que servir para orientar el futuro desarrollo de políticas públicas de las administraciones a favor de los municipios rurales. Entre otros, también tiene que comportar la adecuación y suficiencia de medios económicos, personales y materiales en la atribución, transferencia o delegación de competencias. A grandes rasgos, tiene que servir para que los pueblos tengan más autonomía financiera, con una asignación complementaria del Fondo de Cooperación Local de Catalunya y la creación de una línea específica de inversiones; también la aplicación de criterios de incentivación positiva y medidas de apoyo en convocatorias de ayudas y subvenciones. En el ámbito de la burocracia administrativa, se prevé la creación de un portal único en la sede electrónica, la tramitación unificada de procedimientos o la conectividad digital fiable.

Finalmente, para incentivar la actividad económica, se trabajará en medidas para desarrollar proyectos e iniciativas públicas y privadas que fomenten la emprendeduría y las oportunidades laborales para trabajadores; acciones de apoyo a la economía social y a la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables; y medidas para garantizar la estabilidad de los profesionales, sobre todo en el ámbito de los profesores, la sanidad y social. También se quiere fomentar el teletrabajo para residentes en municipios rurales.