Desierto el concurso para derribar el edificio del ecologista Joan Vàzquez

La Generalitat no ha recibido ninguna oferta para demoler un edificio declarado ilegal en Sant Esteve de la Sarga. Es propiedad del secretario y portavoz de la asociación ecologista Ipcena, Joan Vàzquez, quien lo construyó a título individual en suelo rústico de este municipio del Pallars Jussà. Su derribo estaba incluido en un concurso que la empresa pública Infraestructures.cat convocó en diciembre para tirar trece construcciones en toda Catalunya. El lote formado por la edificación de Vàzquez y otras dos en la Val d’Aran es el único que ha quedado desierto. Ninguna empresa optó a adjudicárselo.

El departamento de Territorio avanzó que volverá a licitar los derribos que han quedado desiertos, aunque apuntó que todavía no hay fecha prevista para hacerlo. La conselleria apuntó que el lote sin ofertas, con un presupuesto de 67.753 euros, “correspondía a trabajos de demolición en terrenos especialmente protegidos”. Esto implica que “la orden de derribo no prescribe” y que “la administración puede ejecutarla en cualquier momento”, según Territorio. Se trataría de una demolición subsidiaria, con cargo al propietario del inmueble. Sobre el edificio de Sant Esteve de la Sarga pesaba una orden de derribo desde el año 2010. La Generalitat consideró que Vàzquez había obtenido licencia de obras para un almacén agrícola, pero había construido un edificio de “tipología resiencial” cuya superficie excedía con mucho la autorizada. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ratificó la resolución del Govern en 2014, y el Supremo lo hizo en 2015. De forma pararlela, hubo diligencias penales contra el líder ecologista que quedaron finalmente archivadas en 2011, al considerar que no había indicios de delito y que el exceso de edificación debía abordarse como una infracción administrativa.Desde entonces el edificio ha seguido en pie, sin que su propietario pudiera legalizarlo.Mientras duró el litigio, Vàzquez aseguró en todo momento que la construcción era efectivamente un almacén agrícola y que su superficie se ajustaba a la licencia. Atribuyó las acciones de la Generalitat para derribarlo y la negativa a regularizarlo a una persecución para desprestigiarlo por su actividad en defensa del medio ambiente. Si bien construyó el edificio para su uso personal, posteriormente lo ofreció para otros usos, como un albergue o un centro de interpretación, una posibilidad que no llegó a materializarse.