El TSJC tumba el reglamento de armas de los Agentes Rurales

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) da la razón al ministerio de Interior y anula algunos de los artículos del nuevo reglamento de armas de los Agentes Rurales que aprobó la Generalitat a raíz del doble crimen de Aspa, en el que los agentes Xavier Ribes y David Iglesias fueron asesinados a tiros por un cazador. Según una sentencia que avanzó ayer TV3, el TSJC concluye que quien lo debe autorizar es la Guardia Civil y que, de momento, no lo ha hecho. Por ello, tumba el uso de defensas o bastones extensibles al tratarse de armas prohibidas salvo para funcionarios especialmente habilitados. Tampoco permite a los Rurales modificar las características de las armas sin conocimiento de la intervención de amas de la Guardia Civil y aprobación en su caso del ministerio de Defensa. En esta misma línea, el texto de la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, también concluye que no es competencia de la Generalitat imponer a los agentes la obligación de llevar armas de fuego de gestión o defensivas, ni tampoco tramitar o renovar las licencias de armas. El reglamento, aprobado a finales de 2019 por el Govern, estaba paralizado desde entonces porque el ministerio de Interior presentó un recurso al considerar que la competencia en cuanto a la materia de armas es estatal. La nueva normativa tenía que regular los requisitos para poder utilizar las armas, la formación, las condiciones y todas las medidas necesarias. Tanto la Associació Professional d’Agents Rurals como los sindicatos llevaban años denunciado la falta de recursos materiales y humanos que sufría el cuerpo y pedían medidas efectivas para garantizar su seguridad.

En noviembre se incorporaron 55 nuevos agentes en la primera promoción después de 11 años sin convocatorias. El objetivo es llegar a los 800 efectivos a principios de 2025, como aseguró el president, Pere Aragonès, en la celebración del Día de los Agentes Rurales.

Las familias de las víctimas todavía no han sido indemnizadas

Siete años después del doble crimen, las familias de los dos agentes asesinados todavía tienen pendiente recibir la mayor parte de la indemnización. La Audiencia de Lleida condenó al cazador a 45 años de prisión y a indemnizar a las familias con un millón de euros, de los que la aseguradora Mussap debía responder, por el seguro de caza, hasta el límite de 300.000 euros. El condenado se declaró insolvente y las familias siguieron con los trámites legales para reclamar las indemnizaciones. Por ello, interpusieron una reclamación patrimonial a la Generalitat para que pagara la cuantía pendiente, pues consideran que es responsable subsidiariamente de lo que pasó. Hace más de un año que esperan que el TSJC resuelva su recurso, después de que la Generalitat se opusiera al pago.