Pagan a los okupas del bloque de Ponts para que se vayan y precintan puertas y ventanas

La inmobiliaria Building Center, que gestiona el bloque de Ponts donde la mayoría de sus 40 pisos estaban okupados a finales del año pasado, ha pagado entre 1.200 y 1.500 euros por familia para que se marchen de las viviendas donde se habían instalado de forma ilegal. Así lo han confirmado fuentes municipales y vecinales, que indicaron que, en el último mes, la mayoría de los okupas han ido abandonando los pisos, con lo que han evitado un desalojo judicial. Las mismas fuentes explicaron que algunos de ellos se han instalado en otras viviendas de la localidad, mientras que otros se han ido del municipio.

La inmobiliaria ha ido instalando puertas acorazadas y rejas metálicas en las ventanas de los pisos a medida que los okupas los han ido abandonando, para evitar que otras personas se instalen en ellos sin permiso. Las okupaciones se concentraron en tres de las cuatro escaleras del edificio, mientras que en los pisos de la cuarta viven inquilinos con contrato de alquiler y al corriente de pago. Asimismo, en una de las viviendas se han instalado trabajadores de una empresa de seguridad que la gestora, una filial de CaixaBank, ha contratado para evitar nuevas okupaciones e impedir que se repitan “empalmes” a la red eléctrica o vandalismo. Estos actos han provocado malestar, temor y quejas entre los vecinos de la zona.“Se han dado ayudas de 1.200 euros para que una familia pueda pagar la mudanza y a otras familias para que puedan depositar la fianza del piso de alquiler donde se van a vivir tras dejar la casa okupada”, explicaron fuentes concedoras del caso. Hace más de tres meses, Endesa cortó la luz a más de 30 viviendas después de eliminar las conexiones ilegales a la red eléctrica que había en el inmueble. También a finales de diciembre se registró un pequeño incendio en el vestíbulo del bloque que dejó sin suministro a algunos vecinos y también de edificios contiguos. Precisamente, estos vecinos de la zona han presentado denuncias en varias ocasiones por vandalismo y “empalmes” ilegales al suministro eléctrico. Por su parte, el alcalde, Josep Tàpies, señaló que en ningún momento la inmobiliaria se ha puesto en contacto con el consistorio para informar del desalojo de los pisos ni han tenido información por parte del departamento de Derechos Sociales, que desde hace meses ha intervenido como mediador para encontrar una solución para las familias más vulnerables.