La plataforma 'En defensa dels nostres rius' pide que se derogue la privatización de la pesca que prevé el Goverm
El reglamento permite también la creación de centros piscícolas para repoblar cualquier tramo en concesión
La plataforma 'En defensa dels nostres rius', que forman una quincena de entidades, se ha reunido en la Pobla de Segur (Pallars Jussà) para pedir al Gobierno que derogue la totalidad del título VI y el artículo 37 de la Propuesta de Reglamento de la Ley de ordenación sostenible de la pesca continental, que se encuentra en fase de exposición pública y contempla privatizar la pesca en los ríos así como la creación de centros piscícolas para repoblar cualquier tramo en concesión. El presidente de la Federación Catalana de Pesca, Albert Vidal, ha afirmado que están dispuestos a llegar a la vía judicial si no se les hace caso. Josep Grau, presidente de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos, ha dicho que la normativa derivará en un "desastre" ambiental y social.
Vidal ha explicado que el título VI de este reglamento permite a la administración hacer concesiones a empresas privadas de tramos públicos de ocho kilómetros de ríos por un plazo de diez años, siendo las empresas las que establecerían el número de permisos diarios, el precio y las condiciones para obtener el permiso.
Asimismo, el artículo 37 autoriza la creación de centros de reproducción y cría de especies acuícolas. Vidal ha dicho que se trata de piscifactorías privadas en los tramos que se den con concesión.
Grau ha explicado que eso, según apuntan varios biólogos, supondría daños "muy graves" e incluso "irreparables" para la fauna piscícola y todo el ecosistema fluvial, tanto para la introducción de enfermedades como para la hibridación. Actualmente, todos los peces que se repueblan salen de las dos piscifactorías de la administración, únicamente para zonas de pesca intensiva, lo cual, según Grau, permite el control exhaustivo de los animales que se liberan en el medio.
Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2009
La Plataforma se ha creado cerca que el Gobierno ha vuelto a presentar para su aprobación el reglamento de desarrollo de la Ley 22/2009, de 23 de diciembre, de ordenación sostenible de la pesca continental, similar al presentado en diciembre del 2021, retirado por la misma administración catalana. En aquel momento la Federación de Pesca, el AEMS Ríos Con Vida, sociedades de pescadores y entidades conservacionistas ya presionaron para parar el reglamento.
La sorpresa, según Vidal, ha sido que esta versión del reglamento no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por los sectores implicados, incluso las presentadas por el ACA.
Gestión pública
Actualmente, en Cataluña la gestión de la pesca en los ríos es exclusivamente pública tal como dice la Ley 22/2009 de pesca de Cataluña. La Plataforma considera que "ahora se está haciendo una buena gestión" y pedimos que se siga gestionando desde la administración pública. Así, harán llegar esta cuestión en el Parlamento.
Hoy por hoy, cualquier ciudadano puede adquirir un permiso de pesca para cualquier lugar del territorio. En las Zonas libres sin muerte puede pescar gratuitamente; en las Zonas de pesca controlada pagará unas tasas públicas, entre 2,70 y 14,80 euros, en función de la clasificación de la zona de pesca (sin muerte, con muerte, intensiva).
Lo que pretende el título VI de este reglamento, es replicar el modelo anglosajón donde se permite gestionar tramos de río de forma privada. Gau ha dicho que "es muy importante resaltar que las aguas del Reino Unido son privadas y no públicas como es el caso en el Estado español, y por lo tanto aquí aquel modelo no es aplicable.
Según ha afirmado Vidal, la finalidad de los tramos en concesión es crear zonas de pesca exclusiva, destinada a personas con un alto poder adquisitivo, excluyendo a la gran mayoría de ciudadanos, incluso los pescadores ribereños, aspecto que no tolerarán desde la Plataforma.
Eliminación del artículo 28.5 de la Ley 22/2009
La diputada Sílvia Romero (PSC), la diputada Jeannine Abella (Juntos) y Jaume Solé, alcalde de Salàs de Pallars (CUP) han dado su apoyo a la Plataforma desde la misma Pobla de Segur.
La Plataforma quiere trabajar con todos los partidos del Parlamento para la eliminación del artículo 28.5 de la ley 22/2009 para evitar que "nunca más ningún gobierno tenga la tentación de volver a privatizar la pesca" de los ríos.
La próxima semana la Plataforma 'En defensa dels nostres rius' ya tiene una reunión en el Parlamento para abordar todas las reclamaciones.