La juez lleva al alcalde de La Portella al fiscal al no pagar a la exsecretaria

El juzgado contencioso administrativo de Lleida ha decidido llevar ante la Fiscalía el rechazo del ayuntamiento de La Portella a cumplir sentencias que, desde el año 2018, le exigen readmitir a la secretaria municipal despedida en 2012 y pagarle los salarios que dejó de percibir desde entonces. Tras más de una década de litigios, estos sumarían ya alrededor de medio millón de euros, según cálculos del despacho de abogados Moragues, que se encarga de la defensa de esta trabajadora. La decisión de la jueza llega después de una primera multa coercitiva contra el alcalde, Carles Català, al considerarlo responsable de incumplir los fallos judiciales en los últimos 6 años.

Una providencia judicial del 12 de febrero ha dado el primer paso para abrir la vía penal: supone remitir la documentación del caso a la Fiscalía para “exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”, según consta en el texto. Será el Ministerio Público el que decidirá si abre diligencias que podrían derivar en una posible imputación del primer edil por un presunto delito de desobediencia.El juzgado impuso en mayo de 2023 una primera multa coercitiva de 1.500 euros a Català, al considerarlo responsable de incumplir las sentencias. Ocho meses después, ha ordenado un embargo de sus cuentas bancarias por esta cantidad. Català, por su parte, recordó que el litigio está en manos de sus abogados y dijo desconocer la providencia que envía el caso a la Fiscalía y el embargo.

La cuantía a pagar a la exsecretaria municipal en concepto de salarios de tramitación aumenta a razón de unos 3.900 euros mensuales. El medio millón en que se calcula actualmente, doce años después del despido de esta trabajadora, supone la mitad del presupuesto total del ayuntamiento de La Portella, de algo más de un millón de euros. La media presupuestaria de años anteriores es menor y se sitúa en unos 700.000 euros.

Un informe del actual secretario insta a acatar los fallos judiciales

El actual secretario interventor del ayuntamiento de La Portella emitió un informe el pasado mes de diciembre en el que informaba al alcalde que “procede dar cumplimiento sin más demora” a las sentencias relativas al litigio con la exsecretaria. Para hacerlo, recomienda “efectuar la modificación presupuestaria que corresponda” o bien “incluor la dotación correspondiente en el presupuesto municipal” para 2024. “Todo ello, sin perjuicio de los recursos que la alcaldía considere que deban interponerse”, puntualiza. Este documento, que el secretario interventor ha remitido al juzgado de lo contencioso administrativo, “es una reiteración” de otro similar que emitió en diciembre del año 2022.