LLEIDA
Piden cárcel por una estafa de 1,5 millones de euros a la red eléctrica
Un inspector declara en el juicio que la empresa solo podía distribuir y no comercializar energía
El acusado se enfrenta a una petición de 7 años
La Fiscalía pidió ayer siete años de prisión para un hombre acusado de estafar 1,5 millones de euros a la red eléctrica como administrador de una distribuidora domiciliada en Lleida entre 2015 y 2018. Los hechos se juzgaron ayer en la Audiencia en una vista en la que declaró un inspector de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, que confirmó que la empresa era distribuidora pero no podía comercializar la energía como estaba haciendo. Asimismo, señaló que en la inspección detectaron que había una diferencia sustancial entre la energía que entraba y la facturada, al ser la segunda menor que la primera. Por su parte, un responsable de Red Eléctrica declaró que la empresa recibía electricidad “pero como no sabíamos la que salía las pérdidas eran del 100% y los perjudicados son los consumidores”. Entretanto, dos agentes de la Guardia Civil señalaron que el perjuicio fue de 1,5 millones de euros a la red eléctrica.
El acusado, que declaró en último lugar y solo a preguntas de su abogado, dijo ser un inversor que se dedica a la compra y venta de empresas. Asimismo, dijo que compró la empresa eléctrica en 2011 y que “la hice funcionar como lo había hecho siempre”, derivando su gestión a empresas externas porque, declaró, “yo no entiendo del sistema eléctrico y firmaba los documentos que me traían”. La Fiscalía mantuvo su petición de 7 años de prisión para el acusado, de 79 años, por un delito de estafa agravada. La defensa pidió la absolución y, en caso de condena, que la pena no sea superior a los 2 años de cárcel.
Prisión para otro inculpado por timar 454.800 euros
La Audiencia de Lleida ha condenado a 10 meses de prisión a un hombre que admitió en el juicio celebrado el pasado 14 de diciembre haberse quedado 454.800 euros de dos empresas que gestionaba en Lleida. El tribunal también impone al condenado una inhabilitación para ejercer la profesión y una multa de 1.500 euros, además de una indemnización que se determinará en la ejecución de la sentencia. Durante la vista celebrada el pasado diciembre, el condenado reconoció los hechos y dijo que se había quedado el dinero para pagar deudas derivadas de su adicción al juego. Sin embargo, la Audiencia no le aplica la atenuante de ludopatía al considerar que no ha quedado acreditada. Sí le aplica las atenuante de confesión y de reparación del daño. La Fiscalía, que inicialmente solicitaba una condena de seis años de prisión por un delito de apropiación indebida, rebajó su petición al considerar que se debían aplicar las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño. En cambio, la empresa, que ejerció la acusación particular, pidió una condena de seis años de cárcel. El responsable de la empresa dijo que confiaban en él al llevar trabajando juntos 30 años.