LLEIDA
Multan a un banco por ejecutar una hipoteca que no era suya
La jueza determina que hubo “mala fe procesal” y lo sanciona con 3.000 euros
El Juzgado de Primera Instancia 8 de Lleida ha multado con 3.000 euros a Caixabank por “mala fe procesal” por su actuación en un procedimiento de ejecución hipotecaria contra una pareja de la que la entidad no era la titular del préstamo hipotecario que ejecutó. Se trata de un procedimiento que se inició en 2014 y después de nueve años se ha declarado nulo. “Durante este tiempo la familia ha perdido el domicilio, ha tenido que pagar un alquiler para poder quedarse en su casa y, cuando la entidad ha querido, ha dado por finalizado el alquiler, instando el desahucio para echarlos”, explica Maria Gil, abogada de los afectados. La letrada asegura que “mis clientes han estado sufriendo una injusticia y ha sido una lucha eterna para demostrar que tenían la razón”. El banco ya ha pagado la sanción de 3.000 euros.
El caso se remonta a 2014 cuando la entidad sostenía que había adquirido de Bankpime la hipoteca de una pareja del Segrià. Los afectados presentaron desde el inicio del procedimiento varios escritos y recursos alegando la falta de legitimación activa del banco por no acreditar la titularidad del préstamo hipotecario. Pese a la falta de acreditación de la titularidad del préstamo hipotecario por parte de la entidad, el procedimiento llegó hasta el final con la subasta de la vivienda y adjudicación por Caixabank y posterior procedimiento de desahucio por una filial de este contra los afectados con todas las consecuencias que ello ha comportado. “La entidad no pagaba ni la comunidad ni el IBI a pesar de que presumió ser la propietaria tras la correspondiente subasta”, comenta la letrada. No fue hasta julio del año pasado cuando el banco presentó escrito interesando la declaración de nulidad de todo lo actuado al no poder inscribirse la propiedad a su nombre, porque el crédito hipotecario no formaba parte de los activos que adquirió de Bankpime. El juzgado ha estudiado el caso y ha dado la razón a los afectados. Afirma que la entidad no admitió su error y dice que “a pesar de los reiterados recursos de la parte ejecutada para que el banco acreditase su legitimación activa, ésta nunca fue rigurosa al respecto. Y sorprende que sabiendo en mayo de 2022 que definitivamente nunca fue la titular de la finca, tardara más de un año en comunicarlo y no lo hizo hasta julio de 2023”. Añade que la actuación puede calificarse de “negligente”.