Aitona paraliza la construcción de una torre de telefonía móvil a la entrada del pueblo

El ayuntamiento de Aitona paralizó el pasado miércoles la construcción de una torre para antenas de telefonía móvil junto a la calle Jacint Verdaguer, a la entrada del pueblo. Lo ha hecho al considerar que esta estructura metálica, de unos 40 metros de altura, tendrá un elevado impacto en el paisaje. También ha ocasionado quejas entre los vecinos de la zona, que han empezado a recoger firmas contra esta instalación. El consistorio no había otorgado permiso de obras y el promotor no lo había pedido, ya que la ley española exime a estas infraestructuras de comunicaciones de obtener licencia municipal. A la empresa le bastó con presentar el proyecto al ayuntamiento para que este pueda verificar si las obras se ajustan a él.

La paralización de las obras llega cuando la estructura de la torre está ya montada. Se enuentra en posición horizontal en los terrenos elegidos para instalarla, una parcela calificada como suelo no urbanizable junto al núcleo urbano. Ayer no había operarios trabajando en el lugar. Antes de detener los trabajos, el consistorio había remitido el proyecto a la dirección general de Urbanismo, y este ente de la Generalitat respondió que no tiene competencias sobre este tipo de instalaciones, según fuentes municipales. El ayuntamiento estudia ahora opciones que permitan reubicar esta antena en una zona con menor impacto visual. Así lo explicó la alcaldesa, Rosa Pujol (Ara-Pacte Local). Puntualizó que el consistorio “no se opone al progreso” que representa una mejora en la cobertura móvil y de internet en el municipio, pero lamentó que la legislación española “deja completamente al margen a los ayuntamientos”. “Deberíamos poder decidir al respecto y no vernos sometidos a una imposición”, valoró la alcaldesa. “No es comprensible que para construir una caseta de riego en suelo no urbanizable haya que pedir permisos y que, en cambio, no sea necesario para construir una torre de comunicaciones”, concluyó. La ley estatal de telecomunicaciones de 2014 eliminó “licencias y autorizaciones por parte de las administraciones” a la hora de construir instalaciones de telefonía móvil e internet. Lo hizo en el marco de un proceso de “simplificación administrativa” para “facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas”, según consta en el preámbulo de esta norma. Esta desregulación se vio reforzada por una ley posterior en 2022.